Chicago (IL), 30 nov (EFEUSA).- La indocumentada mexicana Edith Espinal, refugiada en la Iglesia Menonita de Columbus (Ohio) desde hace más de dos años, suspendió este sábado la huelga de hambre que realizó durante siete días al no lograr su objetivo de reunirse con el senador demócrata por Ohio, Sherrod Brown.
“Después de una semana, finalmente desisto y voy a compartir una comida con mi familia”, escribió en su página en Facebook la inmigrante, de 43 años.
Espinal quería que Brown la visitara en su santuario para hablar de su situación y la de los cerca de once millones de indocumentados que se calcula viven en Estados Unidos.
Sin embargo, la oficina del legislador informó que éste habló por teléfono con ella y no consideraba que una reunión personal ayudara a “solucionar los problemas” del sistema migratorio.
“Sé que los políticos piensan que los inmigrantes como yo les tenemos miedo, y que vamos a permanecer siempre en las sombras. No es así como he vivido siempre”, afirmó Espinal, quien prometió responder el lunes la decisión de Brown de no reunirse con ella.
La mujer ingirió solamente líquidos durante su protesta, y según declaró ya estaba sintiéndose mareada y con dolores de cabeza.
Espinal sí recibió en octubre pasado la visita del aspirante presidencial demócrata Julián Castro, quien estuvo en Columbus para participar en un debate presidencial, y le prometió ocuparse del problema de los indocumentados si llega a la Casa Blanca tras las elecciones de noviembre de 2020.
El excalcalde de San Antonio (Texas) y exsecretario de Vivienda del presidente Barack Obama fue el único de los doce aspirantes demócratas presentes en Columbus entonces que respondió al pedido de visita realizado por Espinal.
La inmigrante es originaria de Michoacán, tiene tres hijos, dos de ellos ciudadanos, y ha vivido más de 20 años en Estados Unidos de manera irregular.
La mexicana se encuentra en la iglesia desde hace más de dos años para evitar la deportación y en julio pasado recibió una multa de 497.777 dólares por resistirse a la deportación.
La multa diaria de 799 dólares se basa en el Acta de Inmigración y Nacionalidad promulgada en 1952, que permite multar a quienes se les ha ordenado la deportación, y no se han ido.
