Los Ángeles, 10 feb (EFE).- El fiscal general de California, Xavier Becerra, anunció este lunes una investigación por la presunta falsa clasificación como miembros de pandillas a conductores detenidos en paradas de tráfico, e ingresados así en una base de datos estatal.
“Los datos falsos o inexactos contaminan un sistema totalmente dependiente de la integridad de dichos datos. Socava el arduo trabajo de recopilación de inteligencia legítima realizada por otros oficiales”, dijo Becerra en una conferencia de prensa en Los Ángeles.
A principios de año, trascendió que varios agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD, en inglés) eran investigados por supuestamente falsificar información de las paradas de tráfico y luego de que una madre denunciará que su hijo había sido identificado de manera errónea como miembro de una pandilla.
Al ser revisado el video de la cámara corporal que portaba el oficial que hizo el reporte, se descubrió una falta de precisión en el proceso pero aún así el joven fue ingresado en la base de datos Cal Gang, que es de uso exclusivo de las autoridades y donde figuran sospechosos de pertenecer a pandillas.
“Cualquier abuso del programa es inaceptable”, zanjó Becerra en torno al incidente que originó una investigación de la Oficina de Asuntos Internos que ya se extendió a por lo menos 20 oficiales y ha vuelto a poner bajo la lupa a esta base de datos.
En 2016 una auditoria estatal descubrió que Cal Gang carecía de supervisión y que se habían incluido nombres de personas que no tenían ninguna filiación con estos grupos, incluso “personas que aún eran niños”, como recordó hoy el fiscal estatal.
La auditoría encontró efectivamente nombres de niños de tan sólo un año de edad clasificados como pandilleros, una situación que derivó en que la legislatura estatal aprobase una norma que faculta a la Fiscalía a hacer las mejoras necesarias en la base de datos usada por todas las dependencias policiales de California.
Becerra subrayó que “como parte de esa responsabilidad de supervisión, tomará las medidas apropiadas para responsabilizar a quienes abusen del sistema”.
Respecto a la investigación en curso, anunció una auditoría independiente sobre las entradas hechas en CalGang por parte de los agentes de LAPD, pero sin limitarse a la división metropolitana, y que incluirá la revisión de las imágenes de la cámara y cualquier otra grabación.
Además se examinarán los controles y políticas internas de la dependencia para así mejorar la responsabilidad de los oficiales que usan el sistema.
La oficina de Becerra quiere que los oficiales que usen la base de datos comprendan, entre otras cosas, las consecuencias legales y sociales para las personas que ingresan en esta base de datos, calificada por Becerra como un arma para prevenir el crimen y en la que hay más de 80.000 personas están ingresadas en este sistema interno.
Desde el 1 de noviembre de 2017 hasta el 31 de octubre de 2018, la Policía de Los Ángeles hizo 20.583 registros, más del 20% de todos los registros en la base de datos, elevándose como la agencia que más ingresos efectuó en el sistema, seguida del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles (LASD, en inglés) con un 17% del total de los registros.
El Fiscal recordó que la nueva ley otorga a su departamento la autoridad para suspender o revocar el acceso a la base de datos, o emitir una carta de censura
