Los Ángeles, 28 may (EFE News).- A pesar de que el número de inmigrantes recluidos en centros de detención en medio de la pandemia del COVID-19 se redujo casi a la mitad, activistas y defensores de los migrantes aseguran que las autoridades federales no han detenido sus esfuerzos por extender la capacidad de estas cárceles que seguramente volverán a llenar en los próximos meses.
“Mantener las cárceles de migrantes a su mayor capacidad es un proyecto esencial de la Administración Trump, y esto no ha cambiado por el COVID-19”, alertó a Efe Bárbara Suárez Galeano, directora de operaciones de Detention Watch Network (DWN).
Desde que la pandemia del coronavirus irrumpió en Estados Unidos a mediados de febrero hasta la semana pasada, la cifra de detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se redujo en más de 12.000, según datos proporcionados por la agencia federal a Efe.
Para el 23 de mayo pasado, ICE tenía 25.911 migrantes bajo su custodia, en febrero pasado el número estaba en 38.537 detenidos.
Según un análisis de Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), un proyecto de análisis de datos de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, ICE rompió el récord de detenidos en agosto del 2019 cuando alcanzó a tener 55.654 migrantes detenidos, de los cuales el 70 % no tenía antecedentes criminales.
LA MISIÓN ES LLENAR LOS CENTROS DE DETENCIÓN
“ICE dijo que en el 2020 su misión era sobrepasar el número de detenciones que ya había logrado, y no hay nada que indique que va a dejar de cumplir esa misión”, dijo Marú Mora Villalpando, directora de la organización La Resistencia, con base en Seattle, en el estado de Washington.
Para la activista el argumento más claro de este objetivo es que ICE no ha detenido los arrestos en medio de la pandemia de coronavirus, y tampoco ha reducido el número de transferencias de migrantes a sus centros.
Otro ejemplo del objetivo de las autoridades de inmigración sería la negativa de las autoridades federales de liberar a los migrantes en la emergencia sanitaria.
“Se han negado a dejar en libertad a migrantes enfermos, incluso cunado tienen un brote de coronavirus en el centro. Es una política de muerte”, criticó.
LUCHA JUDICIAL
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), junto a otras organizaciones, han liberado decenas de demandas a través del país desde que comenzó la epidemia para liberar a personas en alto riesgo. En total, ICE ha dejado en libertad a 392 inmigrantes por orden judicial.
A pesar de los esfuerzos de los activistas dos inmigrantes detenidos por ICE, uno en California y otro en Georgia, murieron contagiados con el virus, mientras que otro murió en Ohio una vez fue liberado tras mostrar síntomas en un centro de detención.
A esta política de no liberación, la directora de La Resistencia añade el hecho de que ICE no está haciendo las pruebas suficientes de COVID-19 entre su población carcelaria.
LAS PROTESTAS NO SE DETIENEN
Ante la situación, los activistas están arreciando las protestas y las demandas contra ICE y la política de detención de la administración Trump.
Este jueves comenzó una serie de manifestaciones a nivel nacional frente a los centros de detención en al menos ocho estados, entre los que se cuentan California, Florida, Georgia, Washington e Illinois.
El llamado sigue siendo “desocupen los centros de detención de ICE”. Una acción que para Suárez Galeano es factible, y que en la época del coronavirus se ha demostrado que se puede lograr.
“Si han podido detener los desalojos, perdonar las rentas, dejar libre a personas que cometieron delitos menores, también pueden desocupar los centros de inmigración porque sus ofensas son solo civiles”, indicó
UN MUY BUEN NEGOCIO
Sin embargo, el objetivo de liberar a los detenidos por ICE sigue estando cuesta arriba. Todos los entrevistados por Efe citan el buen negocio que existe en la detención de migrantes.
“Son sinvergüenzas, ICE y la administración Trump tienen esto como un negocio, y en medio de la pandemia están trabajando para abrir más centros de detención”, señala Suárez Galeano.
Como ejemplo, la activista cita a la pequeña ciudad de McFarland, en el Valle Central de California, que el pasado 24 de abril aprobó una medida que permite convertir dos cárceles locales en centros de detención de indocumentados.
