Wednesday, October 20, 2021

Alertan de restricciones a programas de vivienda para migrantes

Washington, 18 jun (EFE).- Congresistas demócratas expresaron hoy su “profunda preocupación” por una propuesta del Gobierno que busca restringir el acceso a los programas de vivienda pública a los inmigrantes indocumentados, incluidos aquellos con familias con estatus migratorio mixto.

En una carta enviada al secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Ben Carson, los integrantes del Caucus Hispano, del Caucus Negro y del Caucus Asiático indicaron que la norma propuesta “efectivamente amenaza con separar a niños que son ciudadanos de Estados Unidos de sus padres que no lo son”.

“Contrario de lo que esta Administración afirma, la premisa de esta regla es profundamente errónea y haría poco para solucionar los desafíos que afectan a los programas de vivienda asequible de nuestro país”, puntualizaron.

Los legisladores mencionan cifras del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, en inglés), según las cuales la norma propuesta desplazaría a “más de 55.000 niños que son residentes legales o ciudadanos”.

En ese contexto, solicitaron “respetuosamente” al HUD que retire la iniciativa, al considerar que es otra propuesta de política dirigida contra las familias inmigrantes y que se queda corta para abordar la crisis de viviendas asequibles.

Además, rechazaron “fuertemente” que la norma planteada apunte a limitar las oportunidades de asistencia financiera para las “familias mixtas” que son elegibles como beneficiarias actualmente, y advirtieron cambiar las regulaciones vigentes podría tener un impacto “perturbador”.

De igual forma, advirtieron de que la naturaleza retroactiva de las disposiciones de la iniciativa causaría potencialmente un incremento de la falta de vivienda, ya que consideraron que las personas cabezas de familia, cónyuges y otros inquilinos se verían obligados a cumplir nuevos criterios que no estaban vigentes al momento del contrato original o en el que recibieron los beneficios.

Para los congresistas, la norma propuesta rompe con la política que ha implementado el Departamento de Vivienda por más de 20 años sobre los requisitos exigidos a los no ciudadanos y las personas de 62 años o más, al plantear que todas las personas presenten pruebas relacionadas con su condición migratoria, entre otras.

Y consideraron que la justificación subyacente de la propuesta del HUD muestra “profundos vacíos”, al detallar que ya se cumple el objetivo de que sus recursos financieros limitados sean usados para ayudar a familias legalmente establecidas en el país.