Monday, September 27, 2021

Menos del 1,5 % de solicitantes de asilo que esperan en México tiene abogado

Integrantes de la caravana de migrantes permanecen a la espera de la tarjeta humanitaria por autoridades mexicanas en ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas (México). EFE/Luis Villalobos

Tucson (EEUU), 29 jul (EFE).- Menos del 1,5 % de inmigrantes forzados a esperar en México el desarrollo de su petición de asilo en Estados Unidos tiene representación legal, según un reporte difundido este lunes.

El estudio del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Siracusa (Nueva York), refleja que hasta finales de junio pasado se habían resuelto un total de 1.155 casos en el marco del programa de Protocolo de Protección a Migrantes (MPP), y solo 14 de ellos, que representan el 1,2 %, contaron con representación legal.

También existen 12.997 casos bajo este programa pendientes en las cortes de inmigración, de los cuales solo 163 individuos están representados por un abogado, es decir el 1,3 %.

El análisis de TRAC destaca que sin una representación legal experimentada, que les permita preparar sus casos ante el complejo sistema migratorio, las posibilidades de obtener asilo son mínimas.

El pasado mes de enero, la Administración de Donald Trump anunció la puesta en marcha del programa MPP, conocido como “Permanecer en México”, por el que los inmigrantes que han cruzado la frontera para solicitar asilo son regresado a territorio mexicano para esperar su cita en una corte de inmigración estadounidense.

De acuerdo a cifras obtenidas por TRAC, hasta finales de junio un total de 14.152 migrantes fueron enviados de regreso a México bajo este programa.
Solo el pasado mes unos 3.500 indocumentados fueron regresados a México en el marco de este programa, una cifra mayor de los cerca de 2.500 de mayo.

TRAC presentó este mes otro estudio que reflejó que a pesar de las afirmaciones del Gobierno de EEUU de dar prioridad a la deportación de “criminales”, los datos de los tribunales de inmigración apuntan a que solo el 2,8 % de las recientes peticiones de expulsión se basan en presuntas actividades delictivas.

El análisis indica que los datos hasta junio pasado muestran unas cifras “muy por debajo del énfasis en deportar criminales que prevaleció hace una década”, según dijo el centro.