Wednesday, September 22, 2021

Analizan en El Salvador una ley para identificar a integrantes de las pandillas

San Salvador, 27 ago (EFE).- Un grupo de diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador analiza una ley que permitiría identificar a las personas que son parte de las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) o Barrio 18, informó este martes el órgano Legislativo.

Se trata de la Ley Especial de Registro de las Agrupaciones Ilícitas y Organizaciones Terroristas, sus Miembros y Colaboradores, cuyo anteproyecto es estudiado por parlamentarios de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad.

La iniciativa, según lo explicó el Congreso, tiene como propósito “identificar y clasificar a los integrantes de pandillas con la ayuda de información proporcionada por el organismo de inteligencia (del Estado) y por la Policía, lo que permitiría desarticular y desmontar dichas estructuras”.

La ley “proporcionaría al Estado una herramienta administrativa para combatir de manera integral el principal problema de seguridad del país”, apuntó la fuente.

El proyecto será presentado a las autoridades del Gabinete de Justicia y Seguridad, y al fiscal general, Raúl Melara, para que conozcan el objeto y el alcance de la normativa y “den el visto bueno”, para que posteriormente los diputados emitan un dictamen favorable y pase al pleno del Congreso para ser votada.

El órgano Legislativo agregó que luego de ser aprobada dicha ley, los diputados de la Comisión de Seguridad Pública solicitarán la derogación de la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal, avalada en el año 2010, por considerarla “inaplicable”.

Las autoridades de El Salvador responsabilizan a las pandillas MS13, Barrio 18 y otras minoritarias de los altos índices de homicidios, de entre 103 y 50,3 por cada 100.000 habitantes entre 2015 y 2018, cifras que ponen a la nación como una de las más violentas del mundo.

Estos grupos criminales, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro administraciones.