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December 8, 2022

Indígenas tzotziles viven con temor tras 2 años de ser desplazados en México

Chalchihután (México), 17 oct (EFE).- Tras dos años de su desplazamiento forzado los indígenas tzotziles de diez comunidades de Chalchihuitán son presas del miedo por un conflicto originado por la disputa de 60 hectáreas de tierra con Chenalhó, en el suroriental estado mexicano de Chiapas.

En diciembre del 2017, el Tribunal Agrario de Chiapas falló a favor de Chenalhó y resolvió que se les devolviera el territorio que había sido cedido erróneamente a Chalchihuitán en 1973 por la desaparecida Secretaría de la Reforma Agraria (SRA).

Esta resolución agravó un añejo conflicto territorial que provocó una docena de asesinatos, entre ellos Raymundo Luna Pérez y Samuel Luna Girón, sin que hasta la fecha haya justicia, dijo este jueves a Efe Marcos Pérez Gómez, del comité de desplazados forzados de Chalchihuitán.

“El Gobierno es cómplice”, aseguró al señalar que un síndico les dijo que el gobernador del estado, Rutilio Escandón, no quiere a los desplazados y los forzó a retornar sin condiciones, “reprimiendo y amenazando de quemar vivo a los que se resistan regresar a sus casas, pero sin condiciones”.

En noviembre de 2018, la creciente actividad de grupos de corte paramilitar los orilló a refugiarse siete meses en las montañas, en campamentos no aptos para niños y ancianos.

La situación no ha cambiado y los disparos se escuchan a cualquier hora del día, aseguró.

“Muchas familias han regresado a sus viviendas, sin embargo, se sienten perseguidos (…) otros han migrado dejando a sus mujeres e hijos para conseguir dinero y poder pagar la renta de la casa donde están viviendo”, comentó.

Ausencio Pérez Paciencia, desplazado de Chalchihuitán, afirmó que lleva dos años en la lucha para que se les reconozcan sus derechos y se indemnice por las pérdidas de sus objetos.

“La situación que estamos viviendo es de sufrimiento, es de tristeza, de persecución. Porque el grupo paramilitar de Chenalhó no nos permite entrar a nuestras casas y eso para nosotros es algo trágico, no podemos entrar a nuestras parcelas, no podemos trabajar y esa es la situación que estamos viviendo”, señaló.

Los desplazados afirman que al finalizar el año 2018 se incrementó el hostigamiento y la persecución y se mandó a destruir los campamentos, agravando las condiciones de riesgo en las comunidades.

Ante la situación el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió tras asumir el poder el pasado 1 de diciembre que atendiera el caso el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares a favor de los desplazados ante la violencia, que afectó a 3.000 personas de las comunidades de Chiquinshulum, Joltealal, Canech, Tzununil, N’amtic, Lobolaltic, Mashilo, Tzacucum, Pacanam, Tulantic y Kotolchij, de Chalchihuitán.

Los desplazados exigieron reactivar las investigaciones y que se desarme y sancione a los grupos paramilitares de Chenalhó, y que se le dé una solución definitiva y les devuelvan las tierras ocupadas por Chenalhó a cuyos habitantes acusaron de disparar a todo aquel que se encuentre cerca.