Lima, 9 dic (EFE).- El caso de las presuntas esterilizaciones forzadas practicadas en Perú durante el mandato del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) sufrió este lunes un nuevo retraso en su proceso que ya se prolonga por más de 20 años sin que se haya abierto todavía un juicio.
La audiencia judicial donde la Fiscalía debía presentar este lunes su acusación a Fujimori y sus exministros de Salud por delitos de lesa humanidad fue postergada hasta el 20 de marzo de 2020, lo que indignó a las víctimas, en su gran mayoría mujeres, y las organizaciones que llevan la defensa de estas.
Por ello, tanto víctimas como activistas se reunieron en Lima frente a la Corte Superior de Justicia Especializada en Delitos de Crimen Organizado y de Corrupción de Funcionarios para reclamar justicia y reparación inmediata para las víctimas.
UNA ESPERA QUE REVICTIMIZA
La directora de la organización feminista Demus, María Ysabel Cedano, indicó a Efe que el juzgado había programado esta audiencia desde octubre pero ahora se ha cambiado a marzo bajo el argumento de que el expediente había pasado a otra fiscalía y no había tenido tiempo de revisar todos los documentos.
“¿Por que ahora se eliminen fiscalías o se reduzcan salas penales las víctimas esterilizaciones forzadas van a esperar aún más? No, eso es revictimizar”, sostuvo Cedano, cuya organización asumió la defensa de algunas víctimas.
SOSPECHAS ANTE RECURSO EN TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cedano consideró “muy sospechoso” este nuevo aplazamiento porque Marino Costa Bauer, uno de los exministros de Fujimori incluidos en la investigación, tiene interpuesto en el Tribunal Constitucional (TC) un recurso para anular su imputación.
La directora de Demus señaló además que el Constitucional tendrá un receso por Navidades del 13 de diciembre al 3 de enero. “Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿por qué se gana más tiempo? ¿Se está esperando a que si el TC resuelve a favor de Costa esta audiencia ya no tenga sentido?”, se preguntó.
ALGUNAS DENUNCIANTES YA MURIERON
Por su parte, María Elena Carbajal, presidenta de la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (AVEF) de Lima y Callao, lamentó que “ningún ministerio se quiere hacer responsable” de sus reivindicaciones.
“Lo que queremos es una solución inmediata. Estamos cada vez más deterioradas física y emocionalmente, y además algunas ya fallecidas”, recordó Carbajal.
“¿Cuánto tiempo más tenemos que soportar? ¿Por qué la indiferencia del Gobierno? ¿Quieren seguir viendo más víctimas fallecidas? Ya basta de tanta injusticia y corrupción. Fujimori tiene que hacerse responsable al igual que sus exministros Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong y Marino Costa Bauer”, añadió.
De las 1.316 mujeres denunciantes, 366 están inscritas en el Registro Nacional de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (Reviesfo), pero no todas saben y cuentan con la defensa pública que debería brindarle el Ministerio de Justicia, según Demus.
La Defensoría del Pueblo constató que se realizaron 272.028 operaciones de ligaduras de trompas y 22.004 vasectomías entre 1996 y 2001, casi en su totalidad a personas pobres, quechuahablantes y de zonas rurales, pero se desconoce cuántas se llevaron a cabo mediante presuntos engaños y coacciones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el número de mujeres afectadas es muy alto y por lo menos una de ellas murió a consecuencia de esas prácticas.
