Washington, 12 dic (EFE).- Una ley que beneficiaría a cientos de miles de trabajadores agrícolas indocumentados y a sus familias pasó hoy al Senado después de que la Cámara de Representantes aprobase la iniciativa con apoyo de legisladores tanto demócratas como republicanos.
La medida, titulada “Ley de modernización de la fuerza laboral agrícola”, recibió 260 votos a favor y 165 en contra en la Cámara Baja, donde los demócratas tienen la mayoría, y ahora encara un destino incierto en la Cámara Alta, donde la mayoría la tienen los republicanos.
Si la iniciativa tiene la aprobación del Senado y finalmente la firma el presidente, Donald Trump, pondría fin a una situación que se ha prolongado durante décadas y en la cual el empleo de inmigrantes indocumentados es predominante en la labor agropecuaria del país.
El principal aspecto de esta legislación es que, de ser promulgada, permitirá que los trabajadores ahora indocumentados soliciten una regularización legal por tiempo indefinido, y en segundo lugar reformaría el programa de “trabajadores huéspedes” permitiendo que las granjas contraten legalmente la mano de obra que necesiten.
“Desafortunadamente, nuestras leyes de inmigración no se han actualizado para reflejar las necesidades de nuestra economía en el siglo XXI”, dijo durante el debate el representante demócrata de Nueva York Jerry Nadler.
“Debido en gran medida a estas leyes anticuadas, los trabajadores indocumentados son ahora casi la mitad de los trabajadores rurales”, añadió Nadler. “Pero viven y trabajan en una situación de incertidumbre y temor, lo cual contribuye a la desestabilización de las granjas en todo el país”.
La dependencia de la mano de obra indocumentada es también causa de problemas para los agricultores que la emplean y que encaran la amenaza constante de multas y otros perjuicios si las autoridades encuentran indocumentados en sus plantaciones.
La legislación abre la posibilidad de que los peones inmigrantes indocumentados soliciten un permiso de trabajo durante cinco años, que podrán renovar en tanto continúen empleados en la agricultura.
Los inmigrantes con al menos 10 años de experiencia en el trabajo del campo y que paguen una multa de 1.000 dólares podrían recibir la residencia legal permanente y quedarían autorizados a emplearse en otros sectores de la economía después de cuatro años.
La Cámara de Comercio, en una declaración, sostuvo que “cuando los cultivos se pudren en una plantación porque los granjeros no tienen trabajadores suficientes para la cosecha”, no sólo se perjudica a ese agricultor, sino también a “las empresas que hubieran transportado estos productos y los minoristas que los hubieran vendido”.
Por su parte, Daren Bakst, experto en políticas agropecuarias del grupo conservador Heritage Foundation, criticó que la ley supondría una “amnistía a millones de trabajadores agrícolas ilegales, y a sus cónyuges y sus hijos”.
“El Congreso debería rechazar la amnistía para los trabajadores agrícolas ilegales”, afirmó Bakst. “La solución no está en aprobar una amnistía que bendeciría las acciones de los extranjeros y los empleadores agrícolas que han ignorado totalmente las leyes”, agregó.
En noviembre pasado más de 300 organizaciones de agricultores enviaron una carta a la presidente de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, y al jefe de la minoría republicana, Kevin McCarthy, ambos de California, en apoyo de la legislación y pidieron al Congreso encarar “la crisis de mano de obra en la agricultura de EE.UU.”
“La obtención de una mano de obra confiable y diestra es esencial no sólo para la industria agropecuaria sino también para la economía de Estados Unidos como un todo”, sostuvo aquella carta.
