San Salvador, 23 ene. (EFE).- El estatal Instituto de Medicina Legal (IML) de El Salvador entregó este jueves los restos de seis personas ejecutadas por el Ejército durante la masacre de El Calabozo en 1982, que se saldó con 200 civiles asesinatos y que fue perpetrada en plena guerra civil (1980-1992).
Las osamentas, cuyas identidades fueron confirmadas por los forenses tras estudios genéticos y antropológicos, las recibieron familiares que sobrevivieron al operativo militar.
Se trata de los restos de dos adultos, tres mujeres adolescentes y un niño de 8 años de edad de la familia Bonilla Realegeño del oriental departamento de San Vicente.
“Uno siempre va a sentir el dolor de sus padres y de sus hermanos porque no ha sido fácil para nosotros todo esto. Pedimos justicia y que haya una reparación para nosotros, una ayuda”, dijo a periodistas María Realegeño Bonilla.
Recordó que los militares, además de asesinar a sus padres y hermanos, quemaron sus viviendas y las plantaciones de maíz, por lo que ella junto a su hermana quedaron “desamparadas”.
Por su parte, David Morales, abogado de las víctimas y director de Litigio Estratégico de Cristosal, señaló que el operativo que derivó en la masacre fue dirigido en el terreno por los oficiales Sigfredo Ochoa Pérez, Antonio Méndez y Domingo Monterrosa.
Este último, asesinado por la guerrilla en 1984, es considerado por algunos sectores de la población como una especie de héroe del Ejército y también es señalado de dirigir la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981).
Además estarían involucrados el exministro de la Defensa José Guillermo García, el general Rafael Flores Lima y el general Rafael Bustillo, quien se espera que mañana viernes declare ante una corte por la masacre de El Mozote.
“Estamos acusando a estos altos oficiales penalmente”, sostuvo el letrado.
Morales apuntó que estos restos son de los pocos que lograron quedar tras la masacre, dado que los soldados intentaron borrar todas las evidencias y destruir los cuerpos con químicos desconocidos para que “la prueba no perdurara”.
Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993, el 7 de agosto de 1982 el Batallón Atlacatl comenzó un “vasto operativo militar antiguerrillero” con unos 6.000 hombres que terminó con la masacre de 200 civiles en el lugar conocido como El Calabozo.
Los restos entregados este día fueron exhumados a finales de octubre de 2018 bajo la supervisión de Silvana Turner, experta del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y con el acompañamiento del titular del Juzgado de Primera Instancia de la localidad de San Sebastián, Joaquín Padilla.
Estas diligencias son parte del proceso penal reabierto por orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en noviembre de 2017 y se encuentra en etapa de instrucción, según dijo a Efe un miembro de la organización humanitaria Cristosal.
