Washington, 27 ene (EFE News).- El Tribunal Supremo aprobó este lunes, sin unanimidad, que el Gobierno pueda aplicar la norma de “carga pública”, por la que puede rechazar los permisos de residencia a inmigrantes que reciban beneficios públicos, mientras se resuelven apelaciones pendientes.
La aplicación de la norma, anunciada por el Ejecutivo en agosto de 2019, fue avalada con una votación de 5-4 de los magistrados, tras haber sido bloqueada en octubre pasado, cuando debía entrar en vigor, por las cortes del distrito de Nueva York, California, Washington, Illinois y Maryland.
El pasado 5 de diciembre, el tribunal de apelaciones del noveno circuito desestimó los fallos de las cortes del Distrito Norte de California y del Distrito Este de Washington que bloqueaba el intento del Gobierno de Donald Trump de recuperar esta normativa.
Cuatro días después, el tribunal de apelaciones del Cuarto Distrito admitió una medida interpuesta por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) para suspender las mociones concedidas por la corte del distrito de Maryland.
“Hoy, el Tribunal (legítimamente) otorga una suspensión, lo que le permite al Gobierno seguir (por ahora) su política en todas partes, salvo Illinois”, señaló la decisión del Supremo.
La polémica norma establece que un inmigrante legal que viva en el país será definido como “carga pública” si recibe “uno o más beneficios públicos designados” durante más de 12 meses en un período de 36 meses.
Estos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el elevado costo de los medicamentos, entre otros.
La normativa apunta además a reducir la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país, al facilitar el rechazo de las solicitudes de “green card” (como se conoce en inglés los permisos de residencia permanente) o de algunos visados.
Así, las autoridades podrán determinar si el inmigrante puede convertirse en un momento dado o se ha convertido en una “carga pública” para la Administración, es decir, si “depende principalmente” de la asistencia de fondos públicos para subsistir, y luego cancelar su estatus migratorio legal.
De este modo, una persona poseedora de la tarjeta de residente permanente o de algún tipo de visado conseguido por la vía legal podría ver afectada su situación en el país en caso de no poder mantener su economía personal sin ayudas públicas.
La medida no afecta a los refugiados, asilados y víctimas de violencia doméstica y tráfico de personas que residen en territorio nacional.
