Washington, 28 ene (EFE News).- La regla de “carga pública” perpetúa “la mentira de que las familias inmigrantes son una carga para las comunidades en Estados Unidos”, afirmó este martes el representante Joaquín Castro, presidente del bloque hispano en el Congreso.
El lunes, el Tribunal Supremo de Justicia autorizó al gobierno del presidente Donald Trump que aplique la regla de “carga pública” bajo la cual puede negar la residencia legal permanente a los inmigrantes que reciben beneficios públicos como cupones de alimento o subsidio de vivienda y cuidado de la salud.
Los bloques de legisladores latinos, de Asia y el Pacífico, y de afroamericanos, presentaron hoy alegatos ante los distritos federales Segundo, Cuarto y Noveno en respaldo de las varias querellas pendientes en tribunales, argumentando que la norma perjudica especialmente a las comunidades de color.
Castro calificó como “profundamente decepcionante que el Tribunal Supremo se haya puesto del lado del presidente Trump y permita que la regla de carga pública entre en efecto”.
“Nuestra historia está llena de los relatos de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos sin un centavo en sus bolsillos y con todo para dar al país”, añadió. “Muchos estadounidenses podrían hoy no ser ciudadanos si esta regla se hubiese aplicado por dos siglos y medio”.
“La noción de ‘carga pública’ perpetúa la mentira de que las familias inmigrantes son una carga para las comunidades en Estados Unidos”, dijo Castro. “Esta regla fuerza a las familias a vivir en las sombras y les niega beneficios necesarios”.
“La lucha no ha terminado”, sostuvo Castro, representante por Texas. “Debemos seguir trabajando en los tribunales y los pasillos del gobierno para poner fin a la política de carga pública”.
En un comunicado conjunto los tres bloques legislativos afirmaron que la decisión del Supremo “pone en peligro innecesariamente el bienestar de familias inmigrantes y alterará drásticamente nuestro sistema de inmigración empeorándolo”.
“A pesar de las falsedades formuladas para justificar esta regla de carga pública, los datos muestran que los inmigrantes ayudan al crecimiento económico y usan los recursos del gobierno menos que los nativos”, añadió el comunicado.
La aplicación de la norma que el Ejecutivo anunció en agosto de 2019 fue respaldada con una votación de 5-4 de los magistrados del Tribunal Supremo, tras haber sido bloqueada en octubre pasado, cuando debía entrar en vigor, por las cortes del distrito de Nueva York, California, Washington, Illinois y Maryland.
“Hoy, el Tribunal (legítimamente) otorga una suspensión, lo que le permite al Gobierno seguir (por ahora) su política en todas partes, salvo en Illinois”, señaló la decisión del Supremo.
Ya en diciembre pasado, dos tribunales de apelaciones desestimaron en decisiones separadas los fallos de las cortes de California, Washington y Maryland en contra de la normativa promovida por la Administración de Donald Trump.
La polémica norma establece que un inmigrante legal será definido como “carga pública” si recibe “uno o más beneficios públicos designados” durante más de 12 meses en un período de tres años.
Esos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el elevado costo de los medicamentos en Estados Unidos, entre otros.
