Bogotá, 25 feb (EFE).– El constante asesinato de exguerrilleros de las FARC que se acogieron al acuerdo de paz llevó este martes a centenares de personas a manifestarse con un cacerolazo en el centro de Bogotá para exigir al Gobierno colombiano que detenga lo que consideran un “genocidio”.
Los manifestantes, que enarbolaron banderas del partido FARC, convocante de la protesta, no llenaron sin embargo el Parque de los Periodistas en una tarde marcada por un fuerte aguacero.
Los asistentes prendieron velas en el piso y extendieran pancartas alusivas a los excombatientes asesinados, como Dimar Torres, al que un militar mató de un disparo en abril del año pasado en una zona rural de Convención, que hace parte de la convulsa región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander (noreste).
“Que esto pare ya, que el señor presidente dé garantías de seguridad para nuestros compañeros, que pare el genocidio en todo el territorio con los firmantes del acuerdo de paz y con los líderes sociales”, dijo la senadora del partido FARC Victoria Sandino.
BAÑO DE SANGRE
Según cifras del partido FARC, surgido de la desmovilización de la antigua guerrilla, desde el 1 de diciembre de 2016, cuando entró en vigor el acuerdo de paz firmado una semana antes, 186 excombatientes han sido asesinados, lo que supone una media de casi cinco al mes.
Esta ola de violencia fue advertida por la ONU en un informe presentado el 31 de diciembre pasado en el que aseguró que sólo en 2019 al menos 77 exguerrilleros fueron asesinados en Colombia, y denunció además 14 desapariciones y 29 intentos de homicidio.
Esas muertes llevaron al organismo a calificar el 2019 como “el año más violento” para los exguerrilleros de las FARC que se acogieron al acuerdo de paz de Colombia.
TEMORES CONFIRMADOS
“Nosotros sabíamos que eso iba a suceder”, dijo Sandino, quien recordó que por esa situación se establecieron en el acuerdo de paz mecanismos para prevenirlos, que no han funcionado como se esperaba.
El mayor número de asesinatos contra desmovilizados de la FARC ha ocurrido en los departamentos del Cauca y en su vecino Nariño, ambos en el suroeste, así como en Antioquia (noroeste), Caquetá (sur) y Norte de Santander.
Esos departamentos tienen como común denominador que allí hay fuerte presencia de grupos armados como las disidencias de las FARC, bandas de narcotraficantes al igual que guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), señalados por el Gobierno como los responsables de la mayoría de los asesinatos de exguerrilleros.
Sandino anunció que pese a la situación, la FARC “estará en todo el territorio ejerciendo acciones hasta que este Gobierno y este Estado escuchen a quienes le hemos apostado todo a la paz de Colombia”.
ESFUERZOS ESTATALES
Frente a la situación denunciada por la FARC, el Gobierno colombiano ha reiterado que no dejará solos a los desmovilizados y que hace esfuerzos para brindarles protección y proyectos productivos para su reinserción como parte del acuerdo de paz.
El consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, aseguró ayer: “no vamos a dejar a los excombatientes solos, no vamos a permitir que los hampones nos los sigan arrebatando”.
La afirmación contrasta con lo dicho por el procurador general de Colombia, Fernando Carrillo, quien afirma que es urgente coordinar acciones y fortalecer los esquemas de seguridad de quienes dejaron las armas.
Ante eso, el Gobierno asegura que aunque brinda protección a miles de exguerrilleros, el hecho de que estén dispersos en unos 522 municipios constituye el “mayor desafío” de seguridad ya que habitan en zonas con presencia de diferentes grupos armados ilegales.
Por su parte, el senador de la FARC Julián Gallo, que en su época de guerrillero era conocido como Carlos Antonio Lozada, asegura que el Gobierno del presidente Iván Duque maneja un doble discurso porque mientras dice en el exterior que el acuerdo de paz avanza, en Colombia siguen asesinado desmovilizados.
Lozada ha dicho que llevará sus denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un problema tan grave que la ONU considera que los asesinatos de exguerrilleros y líderes sociales siguen siendo la principal amenaza para la consolidación de la paz en Colombia.
