San Francisco, 28 feb (EFE).- Una vez más la Justicia de Estados Unidos llevó este viernes la contraria a las políticas migratorias del Gobierno de Donald Trump al bloquear la devolución de solicitantes de asilo a México y paralizar otra medida que permitía denegar automáticamente ese amparo a quienes no llegasen por los “puntos de entrada oficiales”.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco, ordenó el bloqueo de lo que Washington denomina Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), conocidos como el programa “Permanezcan en México”, por el que EE.UU. devolvía al vecino del sur a los demandantes de asilo que llegaran a su frontera, para que esperaran allí la resolución de sus casos migratorios.
Dos de los tres jueces que conforman ese tribunal, Richard Páez y William Fletcher, ambos nominados por el expresidente demócrata Bill Clinton (1993-2001), determinaron que esta práctica no respeta las leyes de inmigración y ordenaron su paralización.
Mientras, el tercer magistrado de la corte, Ferdinand Fernández, nominado por el republicano George H. W. Bush (1989-1993), emitió una opinión contraria.
La resolución judicial establece que los abogados de la demandante Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU, por su sigla en inglés) “presentaron argumentos convincentes de que el programa de devolución de demandantes de asilo no cumple con las obligaciones adquiridas por Estados Unidos” en materia de migración.
Entre esas obligaciones destaca la de no enviar personas a países donde podrían ser perseguidas, algo que los demandantes aseguran que ocurre en México con los solicitantes de asilo, donde pueden ser víctimas de redes de tráfico de humanos o secuestradas para exigir un rescate.
El pasado 8 de abril, el juez federal de San Francisco Richard Seeborg ya ordenó al Gobierno bloquear esta política migratoria, pero la Casa Blanca recurrió y el Noveno Circuito de Apelaciones dejó sin efecto temporalmente la suspensión, de manera que las autoridades migratorias pudieron seguir enviando a México a solicitantes de asilo hasta este viernes.
La decisión de este día, sin embargo, es el fallo definitivo por parte de esa Corte de Apelaciones, y ahora lo más probable es que la Administración que dirige Trump recurra al Tribunal Supremo, como ha ido haciendo en los últimos años cuando ha habido una sentencia en su contra en cortes inferiores.
Interrogado por Efe, un portavoz del Departamento de Justicia no precisó si iban a acudir al Supremo, pero declaró que “la decisión de hoy del Noveno Circuito subraya de nuevo las consecuencias y la falta de decoro de las órdenes judiciales a nivel nacional”.
El portavoz destacó que la resolución “no solo ignora la autoridad constitucional del Congreso y la Administración en una política que lleva en efecto desde hace un año, sino que extiende la asistencia más allá de las partes ante el Tribunal”.
Según el diario The Washington Post, la Administración estadounidense ha fomentado en los últimos meses el uso de los llamados acuerdos de “tercer país seguro”, firmados con Estados centroamericanos como Guatemala, Honduras y El Salvador, para deportar a los indocumentados por la vía rápida, en detrimento del programa “Permanezcan en México”.
De momento, se desconoce cuál será el impacto inmediato de la decisión judicial sobre el terreno.
La organización American Inmigration Council indicó en un comunicado que cerca de 60.000 personas que buscaban asilo en EE.UU. han sido devueltas a México en el marco de este programa, a las que solo se ha concedido asilo a 263.
Desde el inicio de su aplicación, hace poco más de año, se ha informado de al menos 816 casos de asesinato, torturas, violación, secuestro y otros ataques contra las personas acogidas a este programa mientras esperaban en México la resolución de sus expedientes migratorios en EE.UU., denunció el grupo.
En paralelo, la Corte del Noveno Circuito emitió este viernes otro fallo relacionado con las políticas migratorias del Ejecutivo, en este caso en relación con la medida que denegaba automáticamente el asilo a quienes no llegasen a EE.UU. por los denominados “puntos de entrada oficiales”.
Esta política, ordenada por Trump en noviembre de 2018 ante lo que consideró una crisis migratoria causada por las “caravanas” de migrantes centroamericanos, ya había sido bloqueada anteriormente por un juez federal de San Francisco y por tanto permanecía sin efecto, con lo que la decisión de este día viene a reafirmar esa suspensión.
