Álvaro Mellizo
Lima, 17 mar (EFE).- Comprensión y rebeldía, enfermedad o indigencia…Entre esas variables oscila Perú a la hora de valorar, acatar y aplicar la orden de cerrar negocios y recluirse en los hogares para afrontar la crisis del COVID-19 que evidencia la endeble situación de una población que en su gran parte sobrevive con lo que ingresa día a día.
Con aproximadamente el 70% de la población activa que se desempeña en sectores informales, y por lo tanto con escaso margen para la obtención de protección económica en caso de crisis como la del COVID-19, la medida implementada por el Gobierno deja literalmente al descubierto a millones de personas enfrentadas a la terrible disyuntiva de tener que elegir entre la enfermedad o, en no pocos casos, el hambre.
ES COMPLICADO
“Para mi lo que mandó el señor presidente es importante y necesario, pero llega un poco tarde, debió ser hace un mes o dos…..pero por otro lado, yo he venido a trabajar porque las personas que tenemos pocos recursos vivimos para el día y tenemos problemas, yo vendo y vuelvo con el dinero para comprar pasaje y comida, y ahora no tengo plata reunida”, afirmó a Efe la señora Ana.
Humilde, anciana y responsable de un puesto de chifles y patatas fritas en el distrito empresarial limeño de San Isidro, donde se estima que el cierre de los negocios dejará desiertas las calles durante semanas, Ana se reconoció complicada por una medida “que es buena” pero que a ella “no le va a permitir afrontar la situación”.
Por su parte, Miguel, limpiacoches en un centro comercial cuyos ingresos dependen del flujo de automovilistas indicó a Efe que “se sobrevivirá”, y que lo adoptado “es una medida necesaria en la que el Gobierno tiene razón”, si bien no supo indicar qué hará él personalmente cuando ni coches ni clientes pasen por la zona.
UN CÁLCULO DE RIESGO
Un paso más abajo en el desamparo es en el que se encuentran las decenas de miles de migrantes venezolanos que viven en el Perú, con escasos recursos, trabajos precarios y una ausencia total de redes sociales para mantenerse en una situación como la que se vive en el país.
Tal es el caso de Daisy, que ve como “una bendición” que sus empleadores, “como un favor”, la dejen regresar a su lugar de trabajo, un restaurante del distrito de San Borja, “para ver cada día si se puede hacer algo a diario”.
Esa situación afecta a otros “diez o doce” venezolanos que trabajan en el lugar, lo que “no deja de ser un riesgo, ya que es un virus que se escapa y es delicado”, pero que “hay que asumir”.
“Nuestros jefes no nos han dado la espalda pese al riesgo que corremos, pero es una necesidad, porque es difícil estar en un lugar y no tener recursos”, explicó a Efe en un reconocimiento implícito de que muchos no acatarán la orden de inamovilidad.
EJECUTIVO CONSCIENTE
Al decretar el cierre de los negocios y el aislamiento de los ciudadanos, el Ejecutivo de Martín Vizcarra fue plenamente consciente de esta situación y por ese motivo anunció una batería de medidas sociales sin precedentes para tratar de paliar en parte la situación.
Así, anunció que se entregará un bono de 380 soles (unos 100 euros, aproximadamente) a las familias que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión social considera como vulnerables, lo que puede abarcar “unas 9 millones de personas”, para que así puedan compensar los ingresos que dejarán de tener en este período.
“Ya se han asignado 583 millones de soles entre los distintos sectores. Todos tenemos que juntos lograr el éxito para que finalmente sea combatido de manera adecuada esta enfermedad y podamos continuar el trabajo de progreso y desarrollo en el que está encaminado nuestro país”, dijo el presidente.
El Gobierno también anunció ayudas a las empresas, que recibirán también un choque económico brutal aunque “temporal”, como dijo este lunes la ministra de Economía María Antonieta Alva al asegurar que Perú tiene “espacio fiscal para atender estas circunstancias”.
