Quito, 1 may (EFE).- La ministra ecuatoriana de Gobierno, María Paula Romo, dijo este viernes que mantienen contactos diplomáticos para tratar de solucionar la situación de extranjeros que están en la zona fronteriza con Colombia y que pretenden pasar a ese país en momentos en que está cerrada la frontera por el COVID-19.
En una rueda de prensa virtual, Romo se refirió a los incidentes ocurridos anoche en la zona limítrofe, donde la Policía colombiana dispersó a un grupo de personas que querían cruzar a Colombia desde la provincia ecuatoriana del Carchi, por el puente de Rumichaca.
Anoche, testigos presenciales dijeron a Efe que los agentes colombianos dispararon gases lacrimógenos para dispersar a los migrantes, entre los que se encontraban niños y ancianos varados desde hace días, y que se habían registrado entre uno y dos heridos.
Los hechos ocurrieron a eso de las 19.30 locales del jueves (00.30 GMT del viernes), cuando decenas de personas que protestaban por el cierre de fronteras, se adelantaron hacia las barreras que había colocado la Policía colombiana y las derribaron.
Romo recalcó que la aglomeración de anoche en el puente de Rumichaca “fue dispersada con material CS por la Policía de Colombia”.
Y aclaró que “no todas las personas que se encuentran ahí son ciudadanos venezolanos, también hay ciudadanos colombianos” que aspiran cruzar las fronteras y entrar a Colombia.
Colombia tiene “sus fronteras cerradas y una política muy estricta que, incluso, impide el ingreso de ciudadanos de su propio país”, dijo.
El canciller ecuatoriano, José Valencia, ha enviado comunicaciones por escrito y ha tenido contactos con la Cancillería de Colombia “en la búsqueda de una salida para estos casos”, reveló Romo.
Tras recordar que actualmente está prohibida la circulación de pasajeros entre provincias, la ministra de Gobierno señaló que se han visto autobuses que pretenden trasladar a ciudadanos a la provincia del Carchi, fronteriza con Colombia.
Avanzó que realizan “averiguaciones porque se insinúa que algunas prefecturas o municipios estarían apoyando este traslado y evitando el problema en su municipio, en su provincia, y ayudando a un traslado que está prohibido”, dijo al tiempo de pedir disculpas por usar el término “problema”.
Según Romo, ya se ha sancionado y obligado al retorno de autobuses a su ciudad de origen “porque el transporte de pasajeros está prohibido”, en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus, enfermedad por la que han fallecido en el país 1.063 personas, y de la que se han contagiado 26.336, según el Gobierno.
La ministra pidió “responsabilidad” con la provincia del Carchi y su capital, Tulcán, y subrayó que “no se trata de trasladar ahí un conflicto social, económico”.
