Denver (CO), 6 may (EFE).- Siete empleados del frigorífico de JBS en Greeley, en el norte de Colorado, ya han fallecido por coronavirus, mientrasotros 280 han contraído COVID-19 y casi la tercera parte de los 3.000 trabajadores (la mayoría latinos) de ese establecimiento no se presentan a trabajar, revelan informes difundidos este miércoles en Denver.
El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado confirmó en su reporte semanal la séptima muerte, sin proveer datos adicionales de la persona fallecida.
La primera muerte ocurrió hace un mes y luego del quinto fallecimiento el frigorífico permaneció cerrado por 10 días (el 14 al 24 de abril), antes de reabrir con solo la mitad de su capacidad de operaciones tras un extenso proceso de limpieza y desinfección.
Luego, tras la decisión del presidente Donald Trump del pasado 28 de abril de declarar a los frigoríficos como una industrial esencial en el marco de la Ley de Defensa de Producción, JBS en Greeley retomó el 30 de abril sus operaciones habituales.
Un día después se informó que se habían detectado 245 contagios en el frigorífico, conviertiéndolo en el lugar físico con mayor número de contagios en Colorado. Y hasta el momento, menos de la tercera parte de los trabajadores completaron sus exámenes de salud en clínicas locales.
El número actual de contagiados en JBS (280), representa el 15 % de todos los casos en el condado Weld.
La situación provocó que el ausentismo en la planta de JBS en Greeley creciese de un promedio del 13 % antes de la pandemia a 30 % en la actualidad. A la vez, JBS les paga un estipendio al 10 % de sus empleados (considerados como los más vulnerables) para que no se presenten a trabajar. Y aun otros faltan al trabajo por estar enfermos.
Sin embargo, según dijo a los medios Kim Cordova, presidente del Sindicato de Trabajadores de Alimentos y Comercio Local 7, “algunos empleados” no llegan al trabajo por miedo a contagiarse. Cordova explicó que el porcentaje de ausentes hace que las operaciones sean “realmente lentas” dentro del establecimiento.
JBS ofrece máscaras, protectores faciales, guantes y equipo de protección personal a sus empleados, y ha instalado separadores de plástico transparente para evitar un contacto directo entre los trabajadores. Además, se rediseñaron la cafetería y las áreas de esparcimiento de la planta para cumplir con las normas de distanciamiento social.
Pero, según Cordova, esas medidas se han mostrado poco efectivas para detener “el ciclo de muertes y contagios”.
El lunes pasado, el Concejo Municipal de Denver (sin jurisdicción sobre JBS en Greeley) urgió por medio de una resolución a que las autoridades correspondientes en todos los niveles tomen las medidas necesarias para evitar nuevos contagios y antes de que el problema cause serias interrupciones a la cadena de distribución de alimentos en Colorado y otros estados.
Y este martes, el fiscal general de Colorado, Phil Weiser, firmó una carta que él y otros 10 fiscales estatales enviaron al Departamento de Justicia de Estados Unidos acusando a las cuatro mayores empresas procesadoras de carne por “manipular el mercado en tiempos de inseguridad alimentaria”.
Esas empresas, no nombradas en la carta, son Tyson Foods, JBS, Cargill y National Beef.
Los estados peticionantes son, además de Colorado, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Missouri, Montana, Arizona, Idaho, Iowa, Minnesota, Nebraska y Wyoming.
