Washington, 29 jun (EFE).- El Tribunal Supremo estadounidense concedió este lunes una victoria clave a los defensores del derecho a abortar en EE.UU., pero no disuadió a los líderes conservadores que desde hace años intentan restringir el procedimiento y que prometieron seguir con esa campaña, convertida en bandera electoral.
Por cinco votos a favor y cuatro en contra, el Supremo declaró inconstitucional una ley estatal que habría limitado al máximo el acceso al aborto en Luisiana y provocado el cierre de dos de las tres clínicas abortistas que todavía sobreviven en ese estado, que tiene el marco legal más restrictivo de EE.UU. en ese ámbito.
LA CAMPAÑA CONSERVADORA PARA LIMITAR EL ABORTO EN EE.UU.
La ley de Luisiana era una de las más de 450 medidas aprobadas en la última década por estados conservadores para restringir el acceso al aborto, y que van desde vetos al procedimiento a partir de las seis u ocho semanas de embarazo hasta medidas más sutiles, como acumular regulaciones para imposibilitar el trabajo de las clínicas.
El objetivo declarado de esa campaña es convencer al Tribunal Supremo de derogar la decisión que en 1973 legalizó el aborto en todo EE.UU., algo que permitiría a los estados en manos conservadoras prohibir por completo ese servicio médico.
UN REVÉS PARA TRUMP
La decisión de este lunes supuso un notable revés para Trump porque fue la primera relacionada con el aborto en el Supremo desde que se incorporaron a la corte Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, dos jueces elegidos por la Casa Blanca precisamente debido a su oposición a ese derecho reproductivo.
Tanto Gorsuch como Kavanaugh votaron a favor de la ley de Luisiana, pero se quedaron en minoría porque el presidente del Supremo, el magistrado de tendencia conservadora John Roberts, se sumó a los cuatro jueces progresistas para declarar inválida esa legislación, y la Casa Blanca no ocultó su decepción.
LOS DETALLES DE LA LEY
La ley 620 de Luisiana, aprobada en 2014 pero que nunca llegó a entrar en vigor debido al litigio, exigía que los médicos que practican abortos en el estado tuvieran derechos de admisión en un hospital dentro de un radio de unos 48 kilómetros (30 millas) desde la clínica donde se llevara a cabo el procedimiento.
Esos derechos de admisión son tan complicados de conseguir que solo un médico en una de las tres clínicas de Luisiana los tiene, y los demandantes insistían en que eran innecesarios en el caso de un procedimiento tan seguro para las pacientes.
“La tasa de complicaciones graves por abortar en Luisiana es cercana a cero”, subrayó este lunes la abogada principal del caso, Julie Rikelman, en rueda de prensa.
UN MATIZ IMPORTANTE
Pero Roberts dejó claro que lo hacía solamente por respetar la jurisprudencia y no quiso firmar la opinión de sus colegas progresistas que declaraban “inconstitucional” la ley de Luisiana, al recordar que él mismo se opuso en 2016 al fallo sobre la ley de Texas y aún cree “que ese caso se decidió incorrectamente”.
Esa postura de Roberts preocupa a los activistas que defienden el derecho a abortar, que temen que eso anime a los estados conservadores a probar nuevas vías legales para forzar al Supremo a replantearse la legalización del aborto.
“Esto provocará más batallas judiciales (sobre el aborto), no menos”, reconoció Rikelman.
Lucía Leal
