Phoenix (AZ), 27 dic (EFE).- La detención o deportación del cabeza de familia por el endurecimiento de las políticas migratorias deja desamparadas a madres indocumentadas y a sus hijos, un calvario que solo es mitigado por la acción de grupos de apoyo y vecinos.
En julio pasado el esposo de Claudia, una mexicana que reside con sus cinco hijos en Phoenix (Arizona) y pidió ser identificada así, regresaba de trabajar como jardinero cuando fue arrestado por agentes de la Policía local y posteriormente derivado a un centro de detención, donde espera su inminente deportación.
“Por más de un mes y medio no supimos de él hasta que lo encontramos en un centro de detención”, relató a Efe Claudia, quien se enteró del arresto por los superiores de su esposo.
Claudia fue desalojada de su vivienda a finales de octubre por no tener dinero para el alquiler y ha tenido que ir a la casa de sus padres con sus hijos de 13, 8, 6, 4 y 3 años de edad, los cuales han tenido un peor rendimiento en la escuela desde entonces.
“Fui a pedir estampillas de comida, con eso me ayudo porque no encuentro trabajo. Pedí empleo en un carnicería, un restaurante, una casa de empeño y en ningún lado me quieren dar, como si el destino se ensañara conmigo”, dijo la mujer visiblemente afectada.
Herlinda Calderón Ibarra, conocida en el sur de Phoenix como “Linda”, se ha encargado en los últimos meses de ayudar a Claudia y a otras madres de familia que se quedan solas y al cuidado de sus hijos tras la detención de sus maridos por oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
“Como ellas no salen a trabajar, no saben qué hacer porque no tienen cómo mantenerse”, dijo a Efe la mujer.
Esta líder local da orientación a las inmigrantes que se han quedado sin la persona que mantenía económicamente el hogar para que puedan mantener al día las cuentas de servicios esenciales, o también las derivan a organizaciones locales que las asesoran para pagar cuentas atrasadas.
Calderón, que nota que en Arizona cada vez más familias inmigrantes se quedan sin el proveedor principal, señaló que por ejemplo este mes vendieron tamales y pasteles de queso para completar la renta de una madre inmigrante, quien afrontaba una deuda con su casero de 3.000 dólares luego de que tres meses atrás deportaran a su esposo.
La mujer, una indígena Huichol de la sierra de Nayarit, en México, habla solo el dialecto de su lugar de origen y “con señas le suplicó al rentero que no la desalojara porque tiene cuatro hijos”, como recordó Calderón.
“Con la venta de comida logramos juntar 1.500 dólares para su renta, pero aun así la desalojaron y solo le permitieron llevarse su ropa y el cepillo de dientes”, dijo sobre esa madre de familia que se quedó sin muebles y tuvo que mudarse con un vecino.
Durante el año fiscal 2019 (entre el 1 de octubre de 2018 y el 30 de septiembre de 2019), las deportaciones de inmigrantes se incrementaron un 4,3 % respecto al periodo anterior, de acuerdo a ICE.
Esta agencia federal reveló que en el reciente periodo fiscal fueron deportadas 267.258 personas, es decir más que las 256.085 del año fiscal 2018.
Las familias afectadas son unas 5.700, cifra superior en un 110% a la del año fiscal anterior.
“Se puede percibir en los barrios latinos, donde las mujeres han tenido que enfrentar el compromiso de sustentar a la familia cuando sus esposos son detenidos por ICE”, señaló Calderón, madre de cuatro hijos, quien teme que también le toque a ella sufrir ese problema.
“Yo puedo estar en esa situación en cualquier momento, cada vez que sale mi esposo a trabajar le doy la bendición y mis hijos lo abrazan, porque estoy consciente que puede ser el último día que lo vea regresar al hogar”, reveló.
Calderón recalcó que la comunidad latina vive atemorizada ante las estrictas políticas migratorias de la actual Administración y ello la empuja a seguir dando ayuda e información sobre los recursos disponibles.
“Estas mujeres -subrayó- no aprendieron a trabajar, el marido era el que sustentaba todo, nunca pensamos en las consecuencias, ni nos preparamos para una situación así”.
