Washington, 6 mar (EFE News).- El Gobierno de Donald Trump confirmó este viernes que ha dado su visto bueno final a una norma para almacenar muestras de ADN de los inmigrantes indocumentados, una polémica medida que ya se aplica en la frontera a través de un programa piloto y que entrará formalmente en vigor en abril.
Más de cuatro meses después de proponer la medida el pasado 21 de octubre, el Departamento de Justicia publicó este viernes un aviso en el Registro Federal que indica que su regla definitiva sobre el tema se publicará el próximo lunes 9.
A partir de entonces, deberán transcurrir 30 días para que el público presente comentarios antes de que la medida entre oficialmente en vigor, un plazo que vence el próximo 8 de abril.
El pasado 6 de enero, la Patrulla Fronteriza comenzó a recolectar muestras de ADN de cualquier persona en su custodia a la que tomaba las huellas dactilares, y lo hace mediante el uso de hisopos o palillos de algodón que se pasan por la cara interna de las mejillas, según un documento oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Cuando entre en vigor la nueva norma, esas muestras se enviarán al Buró Federal de Investigaciones (FBI) para que las almacene en su base de datos criminal nacional, según un funcionario del Departamento de Justicia.
“La recogida de este ADN es solo para propósitos de (almacenarlo en) la base de datos del FBI, no para usarlo en ningún otro sentido. El DHS (del que dependen las agencias migratorias) no lo usará para nada”, afirmó ese funcionario, que pidió el anonimato, en una rueda de prensa telefónica.
La medida indigna a grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, que argumentan que el Gobierno no debe recolectar información personal confidencial de personas que no hayan cometido un crimen.
Grupos como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) advierten, además, de que la norma podría repercutir en el almacenaje de ADN de estadounidenses, que a veces son detenidos temporalmente por error por parte de las autoridades migratorias.
Naureen Shah, abogada principal de defensa y políticas de ACLU, calificó de “xenófobo” este programa que, en su opinión, busca “deshumanizar aún más a los inmigrantes detenidos y plantea importantes preocupaciones por las libertades civiles y la privacidad”.
Shah indicó que recolectar el ADN de los inmigrantes no hace de EE.UU. un país más “seguro”, sino que contribuye a que el Gobierno pueda “atacar” a las comunidades de inmigrantes y acerca un “paso más” al Gobierno a “exigir” el ADN a toda la poblacion.
Sin embargo, el Gobierno de Trump defiende que cruzar la frontera de manera ilegal es ya un crimen en sí mismo, por lo que se siente con autoridad para recoger esas muestras de ADN.
El Departamento de Justicia basa su política en una ley de 2005 sobre la toma de huellas dactilares y ADN, que permite a los agentes federales recoger esas muestras de aquellos que estén bajo su custodia, incluidos los no estadounidenses.
Pero a la hora de implementarla, las normas gubernamentales habían eximido hasta ahora a las agencias migratorias que están bajo el paraguas de DHS de la obligación de recolectar esas muestras en casos en los que los recursos fueran limitados.
