Los Ángeles, 7 may (EFE News).- La primera muerte a causa del coronavirus en un centro de detención de inmigrantes augura ser el inicio de una tragedia mayor que acabará con la vida de muchos indocumentados encerrados en una “trampa mortal” si no se toman medidas inmediatamente, advierten expertos.
La alarma se desató tras el deceso de un indocumentado que permanecía en cuidados intensivos en un hospital tras ser contagiado de COVID-19 en el Centro de Detención de Otay Mesa, California.
LA TRAMPA MORTAL
Con casi 200 casos confirmados, la cárcel, ubicada a 8 kilómetros de la frontera de San Diego, California, con Tijuana, México, tiene el mayor brote de COVID-19 de cualquier centro de detención migratoria del país, según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que junto a otras organizaciones había alertado sobre las condiciones de hacinamiento en el centro.
“Esta es una tragedia terrible, y fue completamente predecible y evitable”, aseguró en un comunicado Andrea Flores, subdirectora de política de inmigración de ACLU.
“Durante meses, los expertos en salud pública y los funcionarios correccionales han advertido que los centros de detención serían el ambiente ideal para la propagación de la COVID-19, y una trampa mortal para miles de personas en detención civil”, resaltó.
OÍDOS SORDOS DEL GOBIERNO
Desde el inicio de la emergencia sanitaria, ACLU y otras organizaciones como Southern Poverty Law Center (SPLC) y el Proyecto de Derechos de los inmigrantes del Noroeste (NWIPR), pidieron al Gobierno del presidente Donald Trump liberar a los inmigrantes detenidos argumentando que las ofensas migratorias son de carácter civil.
En todo el país, al menos 705 inmigrantes bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) han dado positivo al coronavirus, de acuerdo con la agencia.
Ante la negativa del ICE de liberar incluso a inmigrantes en mayor riesgo de contraer el coronavirus por su edad y sus condiciones médicas, la batalla legal llegó a los tribunales. Decenas de demandas de emergencia se han presentando en todo el país.
PELEANDO POR SUS DERECHOS
La organización comunitaria Pueblo Sin Fronteras confirmó a Efe que el fallecido es el salvadoreño Carlos Ernesto Escobar Mejía, de 57 años, quien participó en la huelga de hambre que los inmigrantes detenidos efectuaron para que se les garantizaran medidas de seguridad sanitaria.
Escobar sufría de diabetes, y estaba en detenido en Otay Mesa desde enero. El inmigrante llegó a Estados Unidos en la década de 1980 junto con su madre y sus cuatro hermanos, y era el único de la familia que no había podido legalizarse, según información recogida por el periódico Los Angeles Times.
Efe solicitó información sobre el deceso en repetidas ocasiones al ICE pero la agencia se ha negado a contestar.
LA PUNTA DEL ICEBERG
Para Laura Rivera, directora de la Iniciativa de Libertad de Inmigrantes de SPLC, “la pandemia solo exacerba la cruel indiferencia (del Gobierno Trump) con los migrantes”.
En ese sentido, Paola Luisi, codirectora de Families Belong Together, dijo en un comunicado temer “que esta trágica muerte sea la primera de muchas (por coronavirus) si los funcionarios de inmigración continúan ignorando deliberadamente a los expertos en salud pública”.
“No se puede enjaular un virus, y es imposible distanciarse físicamente de manera segura tras las rejas”, apuntó.
