Quito, 4 ago (EFE).– Organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica y grupos indígenas ecuatorianos presentaron este martes la campaña internacional “Detén la Extracción en la Amazonía”, que busca velar por la vida de las comunidades de la región.
La iniciativa pretende fortalecer la agenda de las organizaciones indígenas frente a la defensa de sus territorios de vida, y promover acciones estratégicas, como exigir la suspensión del flujo de petróleo a través de las principales tuberías de Ecuador.
Como primera acción estratégica y legal, en el marco de esta iniciativa, las comunidades que habitan en las riberas de los ríos Coca y Napo ha decidido presentar decenas de pedidos de medidas cautelares ante el Consejo de la Judicatura de Francisco de Orellana
Estas demandas masivas se dan debido al avance acelerado de la erosión regresiva del río Coca, que representa un peligro inminente de un nuevo derrame de crudo que afecte a las comunidades.
Debido al hundimiento de tierra en el sector de San Rafael, el pasado 7 de abril se produjo la rotura de una parte del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), así como de la tubería privada del OCP, principales arterias por donde pasa el crudo ecuatoriano.
Este hecho ocasionó derrame de crudo en los ríos Coca y Napo, provocando que alrededor de 27.000 personas que habitan en la zona se quedaren sin agua y alimentos seguros en medio de la pandemia de LA COVID-19, según las organizaciones indígenas, por lo que se presentaron denuncias ante la justicia.
Desde entonces, “las autoridades estatales, empresas petroleras e incluso el sistema judicial no han cumplido con sus obligaciones de atención, protección y reparación”, puntualizó María Espinosa, abogada de Amazon Frontlines y la Alianza de Derechos Humanos.
En una rueda de prensa virtual, Espinosa apuntó que “el Estado ecuatoriano ha violado sistemáticamente los derechos humanos y colectivos de pueblos indígenas privilegiando los intereses corporativos y extractivos durante décadas”.
En la rueda de prensa, los indígenas amazónicos alertaron que el desgaste del afluente “avanza aceleradamente”, lo que provocaría la liberación de grandes cantidades de sedimentos, inundaciones, destrucción de comunidades ribereñas y ocasionar un nuevo derrame de petróleo.
“No nos quedaremos callados mientras nuestras tierras siguen contaminadas por el petróleo y amenazadas por otro derrame”, advirtió Carlos Jipa, presidente de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE), antes de apuntar qe no se detendrán “hasta hacer justicia”.
Los pueblos indígenas exigen medidas cautelares que incluyan la inmediata suspensión del bombeo y el drenaje controlado de las tuberías petroleras, el establecimiento de planes efectivos de respuesta inmediata, así como, atención y reparación ante posibles inundaciones.
De la misma manera, piden al Gobierno provisiones de agua y alimentos de manera estable hasta que el río recupere sus condiciones de normalidad.
En junio, las organizaciones indígenas presentaron una primera demanda de acción de protección debido la gravedad de las afectaciones por el derrame petrolero, sin embargo, la audiencia continúa suspendida.
“Hasta ahora, las comunidades no cuentan con medios de vida dignos para sobrevivir a la pandemia y para protegerse de los impactos de la contaminación del río”, asegura la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) en un comunicado.
