Los Ángeles, 21 ago (EFE News).- Una coalición de ocho organizaciones proinmigrantes anunciaron este viernes una demanda contra la Administración del presidente Donald Trump que trata de detener los incrementos a las tarifas de los trámites migratorios que entrarán en vigor el próximo 2 de octubre.
La demanda, que fue presentada la noche del jueves en el Tribunal de Distrito en San Francisco, solicitó a esa corte federal una orden judicial de emergencia a nivel nacional para evitar que la regla de tarifas entre en vigor.
“Con la nueva regla de tarifas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Administración Trump ha demostrado su voluntad de ignorar el Estado de derecho en pos de su agenda antiinmigrante y xenófoba”, dijo Melissa Rodgers, directora de programas del Immigrant Legal Resource Center, organización que encabeza la demanda.
El pasado 31 de julio, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) anunció que aplicará a partir del 2 de octubre un incremento promedio de 20% en sus tarifas, pero que llega al 535 % en algunas de ellas, para financiar el 97% de sus operaciones.
La Administración Trump justificó el alza asegurando que de mantenerse las tarifas actuales dejaría a USCIS con una carencia de fondos de 1.000 millones de dólares por año. No obstante, los demandantes argumentan que el “déficit presupuestario proyectado es muy inexacto”.
“Esta administración solo reconoce privilegios y exclusividad, y ahora está tratando de moldear la ciudadanía y el asilo en un grupo interno para los ricos”, dijo en un comunicado Angélica Salas, directora la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), organización que hace parte de la demanda.
Los demandantes subrayan el daño que las alzas estarían haciendo a trámites como la naturalización. “Con su aumento del 83% en las tarifas de ciudadanía, USCIS ha hecho que su costo sea demasiado alto para millones de inmigrantes elegibles, imponiendo una prueba de riqueza sin precedentes para la ciudadanía”, aseguran los demandantes.
También advierten que con la nueva tarifa para solicitantes de asilo, la Administración Trump convierte a Estados Unidos en el cuarto país del mundo que cobra dinero para proteger a las personas que huyen de la guerra y la persecución política.
“Este es nuestro país, no el club de campo de Trump; las pruebas de riqueza no deberían aplicarse aquí. Esta regla apunta a nuestra comunidad y grupos como CHIRLA por ayudarlos. Esperamos probar esto en los tribunales”, puntualizó Salas.
Las organizaciones Asian Counseling and Referral Service, OneAmerica, Illinois Coalition for Immigrant and Refugee Rights, Catholic Legal Immigration Network, Inc., East Bay Sanctuary Covenant y el Comité Internacional de Rescate, también hacen parte de la acción legal.
