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May 28, 2022

Gobierno Trump cierra el camino a la residencia permanente a amparados de TPS

Activistas pro inmigración, líderes comunitarios e inmigrantes protestan hoy, lunes 8 de enero de 2018, frente a la Casa Blanca, en Washington (Estados Unidos), contra la cancelación del estatus de protección temporal (TPS) a los salvadoreños. EFE/Lenin Nolly/Archivo

Washington, 31 ago (EFE News).- El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) anunció este lunes una nueva restricción para los extranjeros amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) al prácticamente cerrarles el camino a la residencia permanente.

En un comunicado la agencia dio a conocer su nueva política que bloquea la oportunidad de lograr la residencia permanente a los beneficiados del TPS que lograron obtener una salida y entrada válida al país con el mismo permiso del Gobierno.

El abogado de inmigración Fernando Romo, asesor de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), explicó a Efe que la agencia está cerrando una pequeña ventana que utilizaban los juristas en el uso del permiso de viaje (“advance parole”) que permite salir del país y regresar de forma legal.

“Los abogados argumentaban que con la entrada al país de forma legal la orden de deportación que estaba contra los portadores de TPS prácticamente quedaba anulada lo que le permitía que pudieran ajustar su estatus si eran elegibles”, advierte Romo.

No obstante, hoy USCIS aclaró que no aceptará más estos argumentos y que las órdenes de deportación que existen contra algunos de los beneficiarios de TPS continúan vigentes así utilicen el permiso de viaje y logren ingresar al país legalmente.

“El estatus de protección temporal es, por su naturaleza misma, temporal”, señaló el subdirector de USCIS, Joseph Edlow en un comunicado. “No debe convertirse en una senda para obtener la residencia legal permanente o la ciudadanía”.

“La interpretación errónea y la aplicación incoherente de esta ley ha permitido esas sendas para los extranjeros beneficiarios de TPS”, añadió el funcionario. “Esto fue una distorsión equivocada de la intención del Congreso cuando creó este programa temporal”.

En ese sentido Romo considera que la nueva política es un nuevo ataque al TPS. “Están limitando cada vez más la posibilidad para que los ´tepesianos´ logren ajustar su estatus, cuando están a pocos meses de perder el amparo”, insistió el jurista.

La agencia dijo que reconoce que algunos beneficiarios de TPS contaron con las prácticas y tratamiento de USCIS de sus viajes al exterior en el pasado y por ello ahora limitará la aplicación de su decisión “para minimizar los impactos adversos en este grupo”.

“Esta decisión no afecta a los beneficiarios de TPS que ajustaron su estatus pasando a la residencia legal permanente bajo las prácticas anteriores o a quienes tienen pendiente las solicitudes de ajuste de estatus”, añadió.

La nueva medida “se aplicará sólo de manera prospectiva a los beneficiarios de TPS que salieron de Estados Unidos y retornaron después del 20 de agosto de 2020, la fecha en que se tomó la decisión”.

El anuncio de USCIS aclaró que se aplicarán excepciones a los extranjeros que no sean admisibles en Estados Unidos “bajo ciertas razones criminales o de seguridad nacional, o con visas de inmigrante o no inmigrante que ellos presenten para su admisión en Estados Unidos”.

Además estos viajes no cumplen con los requisitos de “inspeccionado y admitido o libertad condicional” necesarios para obtener un cambio de estados a la residencia legal permanente”.

“Esto es coherente con la aclaración previa de la agencia de que el viaje autorizado de un beneficiario no ejecuta una orden final de remoción” del país, señaló. “Esta decisión cumple con la Ley de 1991 que especifica que los beneficiarios de TPS que viajen usando un documento válido de viaje emitido por el Departamento de Seguridad Nacional retienen el mismo estatus migratorio a su retorno”.

La semana pasada siete personas amparadas con el TPS y el Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) demandaron al Gobierno por dejar que un funcionario no autorizado hiciera un cambio similar al de hoy.