Bogotá, 3 sep (EFE).- La independencia de los poderes del Estado es objeto de discusión en Colombia a raíz del traslado del proceso del expresidente Álvaro Uribe de la Corte Suprema a la Fiscalía, de la que su defensa espera que le levante la detención domiciliaria.
Desde hace varias semanas diferentes fuerzas políticas del país han expresado su preocupación porque los organismos que deben vigilar las actuaciones de la Administración de Iván Duque quedaron en manos de personas cercanas al jefe de Estado, con lo que se incrementa la concentración de poder del presidente.
El hecho de que el proceso por fraude procesal y soborno de testigos contra Uribe, que estaba en manos de la Corte Suprema de Justicia, haya pasado esta semana a la Fiscalía General, cuyo titular, Francisco Barbosa, es amigo de vieja data de Duque, no ha hecho más que aumentar esa aprensión en sectores críticos al Gobierno.
Opositores aseguran que no hay garantías de imparcialidad porque Uribe, fundador y líder del partido de Gobierno, el Centro Democrático, es el mentor político del presidente Duque, quien a su vez catapultó a Barbosa, de quien fue compañero en la universidad, para el cargo de fiscal.
VOZ DE ALERTA
La ONG Transparencia Internacional aseguró hoy por medio de su Capítulo en Colombia que durante 2020 “se han elegido personas cercanas al Gobierno” para dirigir la Fiscalía, la Procuraduría General (Ministerio Público) y la Defensoría del Pueblo, “situación ante la cual se corre el grave riesgo de afectar la independencia que deben tener dichos órganos externos de control frente al Poder Ejecutivo”.
Transparencia hizo referencia, además de Barbosa, a la exministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, elegida la semana pasada por el Senado como próxima procuradora general de Colombia, y a Carlos Camargo Assis, nuevo defensor del Pueblo, mientras que el contralor, Felipe Córdoba, llegó al cargo a finales de 2018, poco después de que Duque asumiera la Presidencia.
Uribe está en detención domiciliaria desde el pasado 4 de agosto por decisión de la Corte Suprema, que consideró que hay riesgos de que el exmandatario obstruya la justicia, pero su defensa pidió ayer a la Fiscalía que ordene su libertad, petición que debe ser resuelta una vez esa institución reciba el voluminoso expediente del exmandatario.
La decisión de la Corte de dejar en manos de la Fiscalía el proceso contra Uribe, que lo enfrenta con el senador de izquierdas Iván Cepeda, es consecuencia de la renuncia del expresidente a su escaño en el Senado, con lo cual perdió el fuero y sus actuaciones pasaron a ser competencia de la Justicia ordinaria.
La presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira, consideró que les “genera una profunda preocupación que el sistema de pesos y contrapesos en Colombia se vea afectado también por cuestionamientos a la independencia de instituciones que precisamente deben vigilar y controlar su acción”.
OJOS PUESTOS EN LA FISCALÍA
Sobre los pesos y contrapesos que deben existir en las democracias el profesor asistente del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Javeriana Norberto Hernández, considera que un problema está en los tiempos de elección de los jefes de los organismos de control, que anteriormente se intercalaban con el mandato presidencial.
“Un gran problema desde el comienzo, más allá del caso Uribe, es el hecho de que los controles o los organismos de control en este Gobierno en particular quedaron muy cercanos al presidente de la República”, dijo Hernández a Efe.
El catedrático explicó que la situación “no es una falla directamente atribuible al Gobierno actual” y que todo se originó cuando se aprobó la reelección de Uribe, que fue presidente de Colombia en dos mandatos seguidos, entre 2002 y 2010.
“En el momento en que se dio esa reforma constitucional se cambió (el periodo de los funcionarios) y terminaron quedando en manos del Gobierno los órganos de control lo cual puede resultar lesivo para ese sistema pesos y contrapesos”, dijo.
Al referirse al caso Uribe, el experto dijo que ocurrió lo normal y es que el proceso pase a la Fiscalía porque los delitos por los que se le investiga no tienen que ver con su función legislativa como para los examine la Corte Suprema, y además el expresidente renunció a su escaño en el Senado, con lo cual perdió el fuero.
Hernández es de la tesis de que es prematuro aventurarse a calificar la actuación del fiscal Barbosa porque “no necesariamente es la persona que va a investigar esos hechos sino que tiene que designar un fiscal (para el caso de Uribe) y tendrá que demostrarse que ese fiscal tiene la suficiente independencia e imparcialidad para actuar”.
