San Salvador, 4 sep (EFE).- El pronunciado descenso de la violencia homicida en El Salvador, capitalizado por el Gobierno de Nayib Bukele como su principal logro en poco más de un año en el poder, quedó en entredicho luego de que una investigación periodística lo atribuyera a un pacto con la pandilla Mara Salvatrucha (MS13).
El medio de investigación El Faro publicó la noche del jueves un reportaje, que cita documentos oficiales y declaraciones de un líder de la pandilla, que señala que el Ejecutivo lleva negociando con la MS13 desde junio pasado y que el pacto incluye favores electorales para los comicios del 2021.
“Las pruebas de que el Gobierno de Nayib Bukele está negociando con la Mara Salvatrucha 13 son documentos oficiales del propio Gobierno”, abre el texto que ha sacudido la política del país centroamericano.
Según datos de la Policía, entre el 1 de enero y el 2 de septiembre se registraron 829 homicidios, una reducción de aproximadamente el 56 % frente a las 1.871 muertes violentas del mismo lapso de 2019.
De mantenerse esta tendencia, el país cerraría el 2020 con unos 1.230 homicidios. Esto representaría una tasa de asesinatos de 18 por cada 100.000 habitantes, la más baja desde 1994.
EL PODER TRAS EL PODER
No es la primera vez que a las pandillas, especialmente a la MS13, se le atribuye el poder de bajar o recrudecer la violencia homicida en El Salvador.
Ya sucedió en 2012, cuando el Gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) promovió un armisticio entre la MS13 y el Barrio 18 para bajar la cifra de homicidios. También en abril pasado estas mostraron su músculo y pusieron en jaque al Gobierno con una escalada de asesinatos en plena pandemia de la COVID-19.
Para Manuel Escalante, subdirector del jesuita Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), de ser cierto las supuestas negociaciones es una “situación preocupante” porque “vendría a confirmar algo que ya se ha venido dando desde los Gobiernos anteriores”.
“Ese sentido de continuidad (de los pactos) es lo que a mí me viene a preocupar, porque vendría a reafirmar que desde hace mucho tiempo atrás, y ahora no es la excepción, se está reconociendo de alguna manera a los grupos criminales, particularmente a las pandillas, como actores relevantes en la política nacional”, dijo Escalante a Efe.
Señaló que también es preocupante que “se estaría promoviendo negociaciones con grupos criminales, clandestinas, alejadas del escrutinio público, de los controles respectivos, lo cual puede dar lugar a manipulaciones para beneficios particulares”.
Por su parte, Celia Medrano, activista de derechos humanos y experta en temas de seguridad, señaló que “no es una novedad que se hable de vínculos entre funcionarios de alto nivel del actual Gobierno de Nayib Bukele con líderes de estructuras pandilleriles”.
“Lo que puede ser novedoso es que las voces que han denunciado estos vínculos van ganando credibilidad a medida que las evidencias van siendo cada vez más contundentes y muevan la preocupación del Departamento de Estado y el Congreso estadounidense”, manifestó a Efe.
También se mostró preocupada ante la “clara estrategia de instrumentalizar el miedo y control de las pandillas en los territorios en favor del objetivo político de ganar amplia mayoría en la Asamblea Legislativa”.
La investigación de El Faro no ahonda en los elementos del pacto electoral con las pandillas, declaradas grupos terroristas por el Supremo, a favor del partido Nuevas Ideas.
Dicha formación surgió de un movimiento fundado por Bukele y con el que pretendía llegar al poder en 2019, pero el retraso en su inscripción y otros problemas lo llevaron a utilizar como vehículo al partido de extrema derecha Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).
Medrano advirtió que “el Gobierno de Bukele y viejos aliados que arrastran una larga estela de corrupción y vínculos con grupos armados organizados impulsan dos fuerzas armadas”.
Mientras tanto, Abraham Ábrego, director de Atención a Víctimas de la organización Cristosal, dijo a Efe que si la reducción de homicidios en El Salvador es producto de un pacto “será una tendencia lamentablemente reversible”.
REACCIONES SIN CONTUNDENCIA
La respuesta del presidente Bukele en las redes sociales ha estado marcada por el sarcasmo y señalamientos contra el medio, tendencia que han seguido varios de sus funcionaros y seguidores.
“Jajaja de verdad pensé que saldrían con algo por lo menos lógico”, publicó Bukele casi media hora después de publicado el reportaje y añadió que es una de las notas “más ridículas que he visto”.
Sostuvo que “nos acusan de violar derechos humanos de los terroristas” y “¿ahora dicen que les damos privilegios?”, por lo que pidió pruebas de los supuestos privilegios, de “uno solo”.
Más de hora y media después publicó un hilo de ideas, sin que hasta el momento diera una conferencia de prensa para negar las acusaciones.
“¿Por qué no hay vídeos, fotos, audios, investigaciones formales, juicios, requerimientos fiscales, ni nada, de la supuesta tregua?”, sostuvo el mandatario.
La mañana de este viernes, el fiscal general, Raúl Melara, anunció que investigará los señalamientos y que si logran comprobar dichas negociaciones, presentará las acusaciones respectivas, “no importa quién sea”.
EL SILENCIO DE LOS OTROS
Los dos partidos mayoritarios en la Asamblea Legislativa salvadoreña, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se han mostrado silenciosos ante la publicación.
La debacle electoral de estas formaciones, que permitió a Bukele llegar a la Presidencia, se debió en parte a los procesos penales contra varios de sus miembros por negociar con las pandillas.
Un testigo de la Fiscalía, cuya declaración dio pie a nuevas causas penales, aseguró que ambos partidos dieron dinero a las pandillas a cambio de votos en 2014 y 2015.
UN COMPLOT DOCUMENTAL Y GIRA DE MEDIOS
De acuerdo con El Faro, se han dado 14 reuniones entre pandilleros presos, al menos un líder de la pandilla en libertad, el director de Centros Penales, Osiris Luna, y el director de Tejido Social, Carlos Marroquín.
Este último, en declaraciones a la prensa no negó la veracidad de los documentos citados, sino que atribuyó su existencia a funcionarios que quedaron desde el anterior Gobierno, “gente que trabaja con ellos”.
“La nota es muy tediosa, ni la leí”, manifestó Marroquín, quien es señalado en un requerimiento de la Fiscalía de haber sostenido una reunión con líderes de la MS13 junto al actual ministro de Gobernación, Mario Durán, en 2015.
Por su parte, Luna convocó a los medios de comunicación para una gira en tres centros penales para “constatar” que se mantienen las medidas de seguridad en las cárceles de máxima seguridad “al son de la ley”.
Diversos sectores han mantenido sospechas sobre la caída de las cifras de homicidios a raíz de que el plan de seguridad gubernamental guarda grandes similitudes con los implementados en anteriores gestiones, sin cambios radicales.
