Los Ángeles, 15 sep (EFE News).- Cristina Ramos estaba trabajando en su clase por internet con niños de segundo grado cuando recibió la noticia de que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito había respaldado la decisión del Gobierno estadounidense de suspender el Estatus de Protección Temporal (TPS), un permiso que a ella le ha permitido llevar una vida legal del país.
“Me tuve que tragar mi dolor y poner cara alegre y seguir enseñando”, contó este martes a Efe esta salvadoreña beneficiaria desde 2001 del TPS, que le permite residir legalmente y poder trabajar en Estados Unidos.
“Me sentía devastada y pensando cómo iba a salir de esto y poder ayudar a otras familias”, agregó Ramos, quien junto con su hija Crista Ramos de 16 años forma parte de un grupo de nueve personas que demandó al Gobierno federal por la decisión de poner fin al TPS en 2018.
No obstante, hoy ya más repuesta del golpe inicial continúa sus planes de activismo para motivar a muchos “tepesianos” (beneficiarios) para que cuenten sus historias y muestren en su comunidad lo que ha significado tener este permiso.
“Tenemos que salvar el TPS y parar la deportación de 400.000 familias, y pienso que este es el motivo para seguir luchando. Perdimos una batalla pero la victoria puede ser nuestra”, dijo al asegurar que la decisión será apelada.
En una decisión de dos votos en favor y uno en contra, la corte federal de apelaciones revirtió el lunes una decisión de 2018 de un juez de la Corte de San Francisco que bloqueó la suspensión del TPS para los beneficiarios de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.
La Administración federal puso fin a las protecciones temporales de estos inmigrantes argumentando que, muchos años después de haberse expedido el permiso, las condiciones en esos países no presentaban el riesgo original.
La activista explicó que se dispone de 45 días para la solicitud de revisión de la decisión y se pedirá a la Corte de Apelaciones que vuelva estudiar el caso “con todo el grupo completo de jueces”.
Si la Corte decide no volver a revisar el caso se llevará ante la Corte Suprema de Justicia, aunque los permisos actuales para los salvadoreños y otros beneficiarios vencen el año próximo.
Otro caso como miles similares es el de Patricia Hernández, una salvadoreña de 55 años que contó a Efe que lleva más de 20 años viviendo en Estados Unidos. Luego de salir de su país debido a que la “situación económica se puso fatal allá”, obtuvo el TPS tras un grave terremoto en El Salvador que permitió a estos centroamericanos solicitar el permiso en EE.UU.
“De eso ya hace 20 años, de estar legales en este país y con la esperanza siempre de poder algún día arreglar nuestro estatus (para obtener la ciudadanía)”, comentó Hernández.
Resaltó que la decisión de la Corte de Apelaciones afecta a más de 200.000 niños hijos de beneficiarios y a 249.000 salvadoreños titulares del TPS, entre otros.
Ante esta noticia que le cayó “como un balde de agua fría”, la centroamericana que reside con su esposo en Portland, Oregón, donde tiene un negocio, ha empezado a sopesar sus alternativas.
“Desde que llegue a Estados Unidos empecé a trabajar duro y hace ocho años en un carrito muy pequeño inicié un puesto de venta de comida (lonchera)” que ahora ya es un camión muy bien adaptado para cocinar y vender alimentos, refirió.
Hace dos años Hernández y su esposo mexicano pusieron en funcionamiento otra lonchera similar y ahora en total emplean a siete personas.
“Ahora, estamos pensando en cuáles serán nuestras opciones si perdemos el TPS. Para mi esposo El Salvador no es una opción por la inseguridad”, anotó esta madre de una hija adulta que vive en Canadá. Ese país no es tampoco una alternativa viable pues para recibir un permiso de residencia para los padres “hay que salir favorecidos en un sorteo”.
“Tendríamos que separarnos y para mí irme a México pues tampoco es tan fácil; es algo que no habíamos pensado y tenemos que analizar y definir”, agregó.
Los afectados por la suspensión del TPS son cerca de 263.000 salvadoreños, 86.000 hondureños, 58.000 haitianos, 5.300 nicaragüenses y aproximadamente 1.000 sudaneses, según datos oficiales.
