Washington, 1 oct (EFE).- El Gobierno del presidente Donald Trump anunció este jueves más requisitos que deberán cumplir los ciudadanos estadounidenses o los extranjeros que sean residentes legales permanentes para patrocinar la entrada de inmigrantes a Estados Unidos.
El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), que publicó el anuncio, indicó que la medida “incrementará la integridad del sistema de inmigración legal y hará más fácil que los patrocinantes rindan cuentas por el incumplimiento de sus obligaciones”.
La publicación de los requisitos ocurre dos días después que un tribunal federal en California ordenó la suspensión preliminar de las nuevas tarifas que USCIS había anunciado para la prestación de sus servicios y que debían entrar en vigor mañana 2 de octubre.
USCIS financia 97% de sus operaciones con las recaudaciones de tarifas por los trámites que administra, incluidas visas, naturalizaciones y programas como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y Estatus de Protección Temporal (TPS).
“La reforma del proceso de patrocinio de inmigrantes protegerá de manera más eficaz a los contribuyentes estadounidenses, asegurará que los extranjeros que solicitan beneficios permanentes no sean una carga pública, y fortalecerá el mecanismo de responsabilidades contra quienes no sustenten financieramente al extranjero que patrocinan”, dijo en una declaración el subdirector de USCIS, Joseph Edlow.
Bajo las nuevas reglas propuestas, los ciudadanos estadounidenses y los residentes legales que quieran patrocinar a un inmigrante deberán presentar informe de crédito, puntaje de su crédito, copias certificadas de las declaraciones de impuestos sobre los ingresos en los últimos tres años y la información bancaria que demuestre que pueden mantener el ingreso requerido.
Además, si sale a luz que el patrocinador ha recibido beneficios de programas públicos en los 36 meses previos a la solicitud, o que no ha cumplido sus obligaciones anteriores de sustentar a un inmigrante, deberá hacer el trámite con un copatrocinante que no haya recibido beneficios públicos en ese lapso.
Dos meses atrás USCIS anunció que enviaría al 70% de sus empleados a una licencia sin sueldo debido a la reducción de recaudaciones de tarifas como consecuencia de la pandemia de COVID-19 y las medidas migratorias del presidente Donald Trump que han afectado el volumen de viajeros.
La decisión del tribunal federal “es desafortunada y priva a USCIS de millones de dólares por cada día en que se cumpla la suspensión”, declaró Edlow, quien explicó que bajo la ley la agencia había decidido un ajuste bienal de tarifas. “Nada hay de anormal en esto. De hecho, el ajuste de tarifas se ha hecho con dos años de atraso y es, en porcentajes, menor que el aumento anterior”, agregó.
Las tarifas propuestas tienen un incremento promedio de 20 % pero que llega a 535 % en algunos casos.
La agencia ha calculado una reducción de 61% en sus recaudaciones hasta el fin del periodo fiscal 2020, que concluyó el 30 de septiembre, y aunque ha limitado los aumentos de sueldos y adoptado otras medidas para restringir sus gastos, sus directores han indicado que se necesitan medidas drásticas para mantenerla funcionando.
USCIS procesa decenas de tipos de visas y trámites, y la tabla publicada muestra algunas reducciones de tarifas, como una disminución de 11% en lo que hay que paga por el reemplazo del documento de residencia legal permanente, de 455 a 405 dólares por la solicitud vía internet, y de 9% en el trámite con papel, de 455 a 415 dólares.
En el otro extremo, un indocumentado que use el formulario I-881 para solicitar que se suspenda su deportación deberá pagar 1.810 dólares, un aumento de 535 % sobre la tarifa actual de 285 dólares.
Las víctimas de ciertos crímenes que han sufrido abuso mental o físico, como violencia doméstica, asalto sexual o tráfico humano, y que han colaborado con el Gobierno en la investigación o procesamiento de esos delitos, pueden estar en EE.UU. amparadas con una visa U.
Estas personas pueden usar el formulario I-929 a fin de obtener una visa que permita que alguno de sus familiares venga a EE.UU. a visitarlas, y el trámite que hasta ahora cuesta 230 dólares subirá 546% a 1.255 dólares.
Los residentes legales permanentes que quieren declarar su intención de convertirse en ciudadanos estadounidenses emplean el formulario N-300 para hacerlo. Este paso no es obligatorio en el trámite de naturalización pero algunos estados pueden requerirlo si esa persona tiene ciertos negocios en ese estado.
La tarifa actual de la “declaración de intención” es de 270 dólares y subirá 383% a 1.305 dólares, indicó el Departamento de Seguridad Nacional
Un extranjero que sea residente legal y desea reingresar al país sin su pasaporte extranjero y/o visa, utilizando el formulario I-193, deberá pagar 2.290 dólares, un incremento de 377%.
