Quito, 7 oct (EFE).- La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador ha ordenado que se solicite a Interpol el arresto del expresidente Rafael Correa en relación a una condena por cohecho en un caso de corrupción que salpicó su gestión entre 2012 y 2016.
“Se dispone que se proceda con la Notificación Roja de Interpol”, reza un documento de la Corte emitido el martes y conocido este miércoles, que pide la intervención de los organismos pertinentes del Estado para realizar la ejecución del proceso.
El “Caso Sobornos” por el que fue condenado el exmandatario a ocho años de prisión e inhabilitación política, versa sobre una red de corrupción mediante la cual se recibieron aportes indebidos en el palacio presidencial para la financiación irregular del movimiento oficialista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas.
En ese mismo caso de corrupción fueron condenados una veintena de personas entre exaltos funcionarios y empresarios.
Correa reside en Bélgica desde mediados de 2017, y no ha regresado al país desde inicios de 2018, cuando comenzaron a abrirse procesos de investigación contra él y, en dos de ellos, se emitieron órdenes de arresto preventiva.
Se desconoce el paradero de Correa y catorce condenados, que no se presentaron al cumplimiento de sus condenas emitidas en firme el mes pasado, lo que tendrían que haber hecho, según el documento judicial, “desde la fecha en que se dispusiera la localización y captura (habiéndose emitido para ello las boletas correspondientes)”.
SEGUNDA SOLICITUD A INTERPOL
Correa había sido requerido en 2018 por la Justicia ecuatoriana en otro caso, el del secuestro del opositor Fernando Balda.
En aquella ocasión Interpol rechazó la solicitud de arresto con fines de extradición desde Bélgica al considerar que “la retención de los datos no era compatible con su obligación de asegurar la efectiva cooperación entre autoridades policiales dentro del marco de respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos”.
Sin embargo, en relación al proceso del plagio del activista político, el exjefe de la inteligencia ecuatoriana Pablo Romero sí fue aprehendido por las autoridades españolas tras ser ubicado por Interpol, y extraditado este año a Ecuador, donde en agosto pasado fue condenado a nueve años de cárcel por el delito de secuestro.
En una entrevista con Efe el pasado mes el procurador general del Estado ecuatoriano, Íñigo Salvador, recordó que en esta ocasión se trata de una sentencia ejecutoriada por un tribunal de justicia.
Los trámites para la solicitud a Interpol, aclaró, deben realizarse “de Gobierno a Gobierno, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores”, que solicita a la Justicia belga la extradición del ciudadano ecuatoriano en ese país.
El expresidente, precisó Salvador, tiene derecho a hacerse oír ante la Justicia belga, que será la instancia que deba resolver si lo extradita.
CORREA ACUSA AL JUEZ DE CORRUPTO
Rafael Correa calificó en Twitter la decisión del juez de la CNJ, de “un nuevo ridículo para el Ecuador”.
“Por supuesto, habrá que gastar nuevamente en abogados, limitaciones de viajes, etc. Así buscan quebrarnos”, aseveró.
El expresidente se había postulado como candidato a la Vicepresidencia para los comicios de febrero de 2021 en Ecuador, candidatura que no pudo completar por la sentencia de casación que ratificó su inhabilitación política, que según su círculo, se dictaminó de forma inusualmente acelerada con el objeto de impedirle regresar a la política en Ecuador.
En su trino, Correa acusó al juez que dictó la orden para el trámite a Interpol, Iván León, de ser un “corrupto completo”.
