Los Ángeles, 29 nov (EFE News).- El gobierno del presidente Donald Trump se juega este lunes en el Tribunal Supremo de Justicia de EE.UU. una de sus más polémicas medidas contra los inmigrantes indocumentados, al tratar de excluirlos del conteo de población con el que se asignan distritos de la Cámara de Representantes.
Al menos tres tribunales federales alrededor del país han bloqueado el plan del Gobierno Trump, que significa un cambio sin precedentes con repercusiones millonarias para los estados donde viven estos inmigrantes.
En septiembre pasado, un tribunal federal de Nueva York dijo que la orden de Trump de julio pasado viola las “responsabilidades constitucionales” del Ejecutivo estadounidense de “contar el número completo de personas en cada estado y repartir los miembros de la Cámara de Representantes entre los estados de acuerdo con las cifras respectivas”.
Jueces de California y Maryland emitieron fallos similares.
La Administración decidió recurrir al Tribunal Supremo después de su derrota en Nueva York.
Tras la presión de la Casa Blanca, la Máxima Corte decidió acelerar su revisión sobre el plan que quiere dejar fuera del conteo a los cerca de once millones de indocumentados que se calcula residen en el país.
El Tribunal, que tiene una mayoría conservadora, incluidos tres magistrados designados por Trump, está programado para escuchar un argumento oral este lunes en una audiencia de 80 minutos que se realizará por teleconferencia.
El censo se realiza en Estados Unidos cada 10 años por mandato constitucional, y el propósito de contar a todas las personas presentes en el país es la asignación de representación de los estados en el Congreso y el Colegio Electoral, y de miles de millones de dólares para programas de infraestructura, hospitales, escuelas y asistencia social.
De aplicarse la orden de Trump, California y Texas podrían perder representación en el Congreso.
Debido a la incidencia de la pandemia, la Oficina de Censo va retrasada en su tarea de entregar las cifras finales y fuentes internas ya adelantaron que como pronto no se podrían entregar los datos hasta el 26 de enero, es decir, días después de que Trump deje la Casa Blanca, lo que supone un duro golpe al intento del Gobierno de excluir a los indocumentados.
En 2019, el Gobierno Trump perdió una batalla legal sobre este tema cuando intentó que el cuestionario del censo incluyera una pregunta acerca de la ciudadanía de los residentes en el país. La pelea concluyó con una decisión del Supremo desfavorable para el presidente.
