Pero esta decisión no afectaba a los adultos, como los entrevistados por The Intercept, tres madres solicitantes de asilo que cruzaron la frontera mientras estaban embarazadas y que dieron a luz en hospitales de EE.UU., por lo que sus hijos son legalmente ciudadanos estadounidenses, aunque no por eso dejaron de ser expulsados del país poco después de nacer y sin recibir su documentación de ciudadanía.
La hondureña Juana dijo a The Intercept que al sentir dolores de parto cruzó la frontera en busca de ayuda y fue trasladada a un hospital estadounidense, donde nació su hijo, pero que al ser dada de alta la enviaron de vuelta a México.
“La ley no permite la expulsión rápida de ciudadanos estadounidenses”, dijo al medio Nicole Ramos, de Al Otro Lado, organización de servicios legales y sociales que está investigando las expulsiones y que asegura que tiene conocimiento de ocho madres en esta situación.
Durante el evento público en el que se anunció el cierre fronterizo por la covid-19 en marzo pasado, el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, aseguró que los CDC habían determinado que el coronavirus presentaba un “serio peligro” para los inmigrantes, agentes y oficiales y el pueblo estadounidense.
Sin embargo, una investigación de The Wall Street Journal halló que, de acuerdo a una revisión de los documentos internos del Gobierno y entrevistas con personas involucradas en el proceso, dicha medida “fue impulsada por funcionarios de inmigración en la administración a pesar de las objeciones de altos funcionarios de los CDC”.
Actualmente, Al Otro Lado trabaja para que los niños reciban al menos sus pasaportes estadounidenses y certificados de nacimiento y en una denuncia que confían desencadene una investigación oficial para evitar que vuelva a ocurrir la expulsión expedita de ciudadanos.
