Los Ángeles, 16 sep (EFE).- El Quinto Tribunal de Apelaciones dio una victoria a la Administración del presidente, Joe Biden, al detener la orden de un tribunal inferior que bloqueaba las prioridades de arresto de inmigrantes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) establecidas por el Gobierno demócrata.
La decisión entregada este miércoles por el tribunal de apelaciones se refiere a una demanda encabezada por Texas y Luisiana que pedía anular las prioridades establecidas en febrero pasado.
Las nuevas prioridades estipuladas apuntan a enfocar los esfuerzos de arresto del ICE en quienes cometan crímenes, cesando de hecho las políticas de redadas masivas y la detención de inmigrantes indocumentados en sus lugares de trabajo.
El mes pasado el juez Drew Tipton, en el Tribunal del Distrito Sur en Corpus Christi, en Texas, echó abajo estas prioridades, poniéndose del lado de los estados conservadores, por lo que la Administración llevó el caso al Tribunal de Apelaciones.
En su fallo de este miércoles, el Quinto Circuito dijo que la interpretación del magistrado Tipton de la ley fue incorrecta.
En opinión del panel de tres jueces de circuito, los demandantes “no tienen una justificación solida” para concluir que los estatutos de detención de IIRAIRA (The Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act ) anulan la tradición arraigada de discreción de ejecución cuando se trata de decisiones que ocurren antes de la detención, como quién debe ser sujeto de arresto, detenciones y deportación procedimientos.
No obstante, el Quinto Circuito dejó en efecto una parte de orden de Tipton que evita que el fiscal general se base en los memorandos para liberar a aquellos (inmigrantes) que caen dentro de las disposiciones de detención obligatoria” de la ley.
Esta es una de las primeras victorias de la administración Biden contra el estado de Texas, que ha demandado varias veces al Gobierno Biden por razones de inmigración.
El mismo juez Tipton, que fue designado por el expresidente Donald Trump, puso el primer obstáculo a la política migratoria del Gobierno cuando bloqueó una moratoria de 100 días en las deportaciones decretada por Biden, poniéndose del lado de varios estados conservadores que demandaron la medida.
