Los Ángeles, 5 oct (EFE).- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la empresa de cárceles privadas GEO ganaron este martes una batalla legal contra la ley AB 32 de California, que prohíbe la construcción de prisiones privadas y centros de detención y exige que las instalaciones existentes se cierren para 2028 en el estado.
El fallo a favor de ICE fue dado este martes por un panel del Noveno Circuito de Apelaciones, que dijo que California debe eximir a los centros federales de detención de inmigrantes de las prohibiciones establecidas por la AB 32.
Al eliminar gradualmente los centros de detención de inmigrantes de gestión privada, la ley “intenta regular un área -la detención de inmigrantes- que pertenece exclusivamente al ámbito del Gobierno federal”, escribió la mayoría del panel.
El juez Kenneth K. Lee, nombrado en el gobierno de Donald Trump, escribió que “California no está simplemente ejerciendo sus poderes policiales tradicionales sino más bien obstaculizando la política federal de inmigración”.
La ley AB 32 impide al Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) firme o renueve un contrato con una compañía penitenciaria privada después del 1 de enero de 2020 y evitará que el estado mantenga a los reclusos en centros penitenciarios con fines de lucro a partir de 2028.
La disposición también afecta a los centros de detención de inmigración administrados por empresas privadas.
Las dos principales compañías de seguridad privadas del país, GEO Group y CoreCivic, fueron las firmas más afectadas con la medida.
En diciembre de 2019, antes de que entrara en vigor la AB 32, GEO demandó la medida alegando que el propósito de la ley estatal era “socavar y eliminar la aplicación aprobada y financiada por el Congreso de las leyes penales y de inmigración federales”, y pidió al tribunal prohibir al estado hacer cumplir el estatuto.
Según la demanda, la AB 32 afecta a 10 cárceles y centros de detención de inmigrantes administrados de manera privada en California, con casi 11.000 camas en total, la gran mayoría de la capacidad de detención federal en el estado. GEO administra siete de esas instalaciones.
En septiembre del año pasado la juez federal del Distrito Sur en San Diego, Janis Sammartino, había confirmado en gran medida la legalidad de la AB 32, por lo que ICE y GEO acudieron a la Corte de Apelaciones.
California ha argumentado que tiene el derecho legal de salvaguardar la salud y la seguridad de los detenidos en el estado, pero el Noveno Circuito dijo que la ley discrimina al Gobierno federal, ya que ICE solo tiene centros de detención de gestión privada en California.
La ley otorgó varias exenciones para los centros de detención que tienen contratos con el estado, pero no otorgó ninguna excepción a los que tienen contratos con ICE, resaltó el Noveno Circuito.
En este sentido la jueza Bridget S. Bade, también designada por Trump, dijo que la AB 32, “arrasa con la capacidad” del Gobierno federal para detener inmigrantes al “tratar de prohibir todas las instalaciones de detención de inmigrantes actuales en California”, según cita el periódico Los Ángeles Times.
Por su parte, la magistrada Mary H. Murguia, designada por el expresidente Barack Obama, se mostró favorable a las tesis del estado de California y advirtió que los poderes policiales históricos de los estados incluían regulaciones que afectan la salud y la seguridad.
