Washington, 27 oct (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos restringió hoy miércoles las detenciones y allanamientos contra inmigrantes en “áreas protegidas”, como escuelas, clínicas o templos, que puedan interferir con el acceso a servicios esenciales o cuidados médicos.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, envió un memorando a los titulares interinos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Tae Johnson, y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Troy Miller, con instrucciones sobre esas operaciones.
Desde el comienzo de la pandemia de covid-19, los grupos que abogan por los inmigrantes han señalado que muchos de ellos son renuentes a solicitar asistencia médica u otros servicios sociales por temor a las detenciones, que aumentaron durante el Gobierno del ahora expresidente Donald Trump (2017-2021).
Desde la investidura presidencial de Joe Biden en enero pasado, los arrestos han disminuido sustancialmente debido a una política del Gobierno federal que da prioridad a la captura y deportación de individuos que han cometido crímenes, y al fin de las redadas masivas en sitios de trabajo.
“Es debido al impacto profundo de nuestro trabajo que queremos considerar muchos factores diferentes antes que decidamos actuar”, escribió Mayorkas. “Esto puede hacer que nuestro trabajo sea muy difícil. También es una de las razones por las que nuestro trabajo es noble”.
En la conducción de tareas como arrestos, allanamientos o la entrega de citatorios “tenemos que considerar muchos factores, incluida la ubicación del sitio donde llevamos a cabo la acción y su impacto sobre otras personas y los intereses sociales más amplios”, agregó.
Citó como ejemplo una acción policial en un albergue de emergencia que pueda resultar en que los inmigrantes, incluidos niños, duden de concurrir al refugio en busca de comida y agua, atención médica urgente u otros cuidados humanitarios.
Entre las “áreas protegidas” a las que se refiere el memorando de Mayorkas se cuentan las escuelas, colegios o universidades, las clínicas médicas o de salud mental, los centros de vacunación y los sitios de prácticas religiosas.
También se cuentan los sitios donde los niños concurren a jugar, las sedes de servicios sociales como los que atienden a víctimas de la violencia doméstica, los sitios donde haya desfiles, procesiones o manifestaciones, y las funerarias y cementerios.
“Tenemos que considerar el hecho de que una acción policial realizada cerca del área protegida, y no necesariamente dentro de ella, pueda tener el mismo impacto limitante sobre el acceso de un individuo al área misma”, añadió.
El memorando mencionó como excepciones las acciones policiales relacionadas con una amenaza para la seguridad nacional, el riesgo inminente de violencia, muerte o daño físico a alguna persona, o la persecución de un individuo que representa una amenaza para la seguridad pública.
