Los Ángeles, 18 nov (EFE).- La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una queja legal contra el Departamento del Alguacil de Sacramento (SSD), en California, y el condado por la supuesta colaboración con las autoridades federales de inmigración en violación de dos leyes estatales.
La querella legal presentada el 15 de noviembre en la Corte Superior del Condado de Sacramento argumenta que la política y la práctica del alguacil de transferir inmigrantes al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) viola dos leyes estatales que protegen a los indocumentados: La Ley de Valores de California (SB 54) y la Ley TRUTH.
La SB 54, también conocida Ley Santuario de California, limita drásticamente a las autoridades locales en cuanto a la posibilidad de a una persona bajo su custodia al ICE, mientras que la Ley TRUTH protege los derechos al debido proceso de los inmigrantes al exigir que los agentes del orden locales les proporcionen una notificación por escrito antes de su transferencia a la agencia federal.
La demanda menciona que el jefe del SSD, Scott Jones, ha promovido la cooperación con ICE “y se ha opuesto ferozmente a la SB 54 y leyes similares”.
“Tenemos documentación del propio Departamento del Alguacil que muestra exactamente cómo se han producido estas transferencias ilegales entre la oficina del alguacil y el ICE”, dijo en un comunicado Sean Riordan, abogado de ACLU en el norte de California.
La ACLU también alega que Jones ha colaborado con funcionarios federales para arrestar a residentes del área de Sacramento después de que el personal del Centro Correccional Río Cosumnes (RCCC) notificara al ICE la fecha y hora de liberación de una persona.
La querella legal fue presentada en nombre de Misael Echeveste, residente de Sacramento, y las organizaciones sin fines de lucro United Latinos y NorCal Resist.
Echeveste, un inmigrante mexicano de 26 años, fue transferido del RCCC al ICE en 2018 luego de cumplir seis semanas en la cárcel por un delito menor.
El mexicano asegura que unos días antes de su liberación, los ayudantes del alguacil le dijeron que lo iban a liberar temprano. Lo felicitaron y lo llevaron a un vestuario. Pero, en lugar de devolverle su ropa, le entregaron un uniforme verde de detenido del ICE y anunciaron, riendo, que lo iban a transferir a la custodia de la agencia migratoria, detalló ACLU.
El inmigrante, que llegó a Estados Unidos cuando tenía 4 años, permaneció bajo custodia del ICE un mes y medio antes de ser liberado bajo fianza debido a sus cargos mínimos.
Como resultado de la transferencia al ICE, ahora está luchando contra la deportación a México, país que no conoce y donde no tiene familiares ni contactos personales.
“A través de esta demanda, espero dar voz a otras personas que están pasando por esta situación, que tal vez no sepan inglés tan bien como yo”, dijo Echeveste.
Riordan agregó que con esta acción legal “los demandantes han dado un paso adelante para tratar de asegurarse de que el alguacil Jones y su departamento cumplan con la ley estatal, que está diseñada para proteger a las familias y comunidades” inmigrantes.
