Thursday, January 20, 2022

Compañías de servicios públicos ponen fin a cooperación con ICE

Fotografía de archivo de una vista de un cartel en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) frente a la sede de la dependencia migratoria en Portland, Oregón (Estados Unidos). EFE/Tania Cidoncha

Washington, 8 dic (EFE).- Un grupo de grandes compañías de servicios públicos en todo el país dejará de dar información al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) sobre las facturas de cable, teléfono y energía eléctrica, informó hoy miércoles el diario The Washington Post.

Después de que en febrero el diario sacó a luz el uso que el ICE hacía de la información, el senador Ron Wyden, demócrata de Oregón, urgió al National Consumer Telecom and Utilities Exchange (NCTUE) a que pusiera fin a la venta de nombres, direcciones y números del Seguro Social de más de 170 millones de personas.

Las compañías que forman parte del NCTUE recopilan esa información sobre los usuarios de servicios que son esenciales en la vida moderna, explicó el Post.

NCTUE había pasado esa masa de información sobre individuos a Equifaz, una firma de evaluación del crédito que, a su vez, vendió la información a bancos de datos a los cuales tienen acceso los investigadores privados, las agencias del Gobierno y fuerzas policiales.

En octubre pasado, NCTUE ordenó a Equifax que dejara de vender la información, pero los daos sobre los consumidores acumulados hasta ese mes siguen disponibles para los investigadores.

“La venta de información personal que los individuos dan cuando contratan servicios de energía eléctrica, agua y otras necesidades de a vida, sin que se les dé opción en el asunto, es un abuso de la privacidad de los consumidores”, sostuvo Wyden en una carta a la Oficina de Protección Financiera del Consumidor.

NCTUE indicó al Post que “ha trabajado con sus miembros para poner fin a la práctica de dar acceso a los datos de los consumidores a terceras partes”.

Jacinta González, organizadora de campañas del grupo latino de derechos civiles Mijente, sostuvo que “el ICE y otras agencias usan a los vendedores de datos como forma de eludir la Cuarta Enmienda” de la Constitución, que protege contra allanamientos y confiscaciones sin razón válida.