San Juan, 7 dic (EFE).- La oficina del FBI en San Juan informó este martes de la creación por primera vez de un grupo de trabajo junto a agencias federales y estatales para atender los casos de corrupción gubernamental en Puerto Rico.
“El propósito de esta iniciativa es que el comportamiento, ya sea criminal, negligente o de mero descuido de los oficiales públicos, siempre tenga consecuencias”, dijo en rueda de prensa el agente especial a cargo de la oficina del FBI en San Juan, Joseph González.
La cooperación con agencias federales y estatales permitirá, según González, “utilizar todas las herramientas disponibles para atender las alegaciones de corrupción de una forma más completa y atacar la corrupción desde todos los ángulos”.
“Nunca habíamos creado un grupo de trabajo o “task force” para atender el tema de la corrupción en Puerto Rico. Cada agencia presente hoy históricamente ha manejado estos asuntos según sus procedimientos internos de forma individual”, subrayó.
El agente especial comentó que hasta ahora este tipo de grupos de trabajo se habían llevado a cabo en Puerto Rico para casos de crímenes y tráfico de drogas, entre otros, con resultados “muy exitosos”.
Explicó que el grupo de trabajo estará compuesto por investigadores de las distintas agencias para que “al llegar una alegación de corrupción, la misma se pueda evaluar a nivel federal, estatal y administrativamente en forma coordinada”.
También hizo un llamamiento a la ciudadanía y a la prensa para que denuncien actos de corrupción en el gobierno porque si no la misión de este grupo de trabajo “se queda incompleta”.
Por su parte, el fiscal federal auxiliar y jefe de la División Criminal del Distrito de Puerto Rico del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Timothy Henwood, lamentó que “la corrupción pública es un mal que daña a todos”.
“Exhortamos a todos los que están participando en corrupción pública que den un paso al frente lo antes posible pues tarde o temprano vamos a dar con ustedes”, advirtió.
Participaron también en la conferencia la contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso; el subsecretario del Departamento de Seguridad Pública, Rafael Riviere; el comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales, Rafael Freytes; la inspectora general de Puerto Rico, Ivelisse Torres; y el subdirector de la Oficina de Ética Gubernamental, Aniano Rivera, entre otros.
La corrupción en el Gobierno puertorriqueño es un problema endémico que en los últimos años ha llevado a decenas de altos funcionarios a abandonar sus cargos y a la apertura de numerosas investigaciones.
