Tuesday, January 18, 2022

Revelan que solicitantes de asilo de “Quédate en México” carecen de abogados

Los Ángeles, 5 ene (EFE).- Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes denunciaron que los solicitantes de asilo enfrentan actualmente grandes obstáculos para conseguir representación legal en Estados Unidos y defender sus casos bajo la política “Quédate en México” a pesar de las promesas hechas por el Gobierno Biden.

Las quejas se dieron después de dos días de audiencias en una corte de inmigración en El Paso, en Texas, donde los primeros solicitantes de asilo presentaron sus casos tras ser remitidos al programa “Quédate en México”, que les obliga a regresar al país vecino mientras se resuelve su pedido de protección en EE.UU.

Yael Schacher, de Refugees International, dijo a la organización informativa El Paso Matters que “la gran mayoría de las personas (en las audiencias del lunes y martes en El Paso) no están representadas”.

La activista aseguró que de los 82 solicitantes de asilo que se presentaron en los dos días solo cinco tenían representación legal.

Schacher advirtió que la poca representación significa que “la mayoría de las personas (solicitantes de asilo) completarán solos sus propias solicitudes de asilo o con una ayuda mínima, y se representarán a sí mismas”.

Desde antes de que los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), designación formal del programa “Quédate en México”, se reanudaran el pasado 6 de diciembre por orden judicial, los activistas habían advertido al Gobierno del presidente, Joe Biden, sobre los obstáculos que enfrentarían los solicitantes de asilo para conseguir ayuda legal.

El vaticinio se hacía bajo la experiencia de la primera implementación de MPP entre enero de 2019 y enero de 2021, cuando casi el 95 % de los cerca de 70.000 solicitantes de asilo bajo este programa no pudieron encontrar un abogado.

En respuesta a esta preocupación, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró en diciembre pasado que aquellos procesados en MPP tendrán “oportunidades significativas” para acceder a información y asesoría o representación legal.

Todas las personas inscritas en MPP también tendrán acceso a teléfonos (y, cuando sea posible, videoconexión) para hacer llamadas gratuitas con un abogado en un entorno confidencial, señaló el Gobierno.

Al respecto, el consejero de política del Consejo Estadounidense de Inmigración (AIC), Aaron Reichlin Melnik, recordó que los inmigrantes puestos bajo MPP entre enero de 2019 y enero de 2021 enfrentaron enormes dificultades para presentar sus casos debido a que había pocos abogados en los EE.UU. que pudieran brindar asistencia legal a los migrantes que estaban en México.

En un mensaje en su cuenta de Twitter este miércoles, Melnik aseguró que la nueva implementación de MPP tienen los mismos problemas de la primera etapa. “Es casi imposible que los inmigrantes obtengan abogados estadounidenses en México”.

En ese sentido, Robyn Barnard, abogada de la organización Human Rights First, advirtió que estos problemas de representación son inherentes al mismo programa, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México, lejos de los tribunales que llevan sus casos en EE.UU. y de sus posibles abogados.

La segunda etapa de MPP comenzó a implementarse desde este lunes en el puerto de entrada de San Diego, California, y Tijuana, México. Según reportes de activistas, este miércoles fueron regresados al país vecino los primeros solicitantes de asilo.

En este sector las organizaciones proinmigrantes habían amenazado con no servir de enlace entre el Gobierno de EE.UU. y los solicitantes como una medida para presionar a la Casa Blanca en su plan de reanudar MPP.

La semana pasada el Gobierno Biden pidió a al Tribunal Supremo que revise un fallo que mantuvo en vigor el programa “Quédate en México” tras una demanda de los estados de Texas y Misuri.

La Administración pidió que se revise la decisión del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, que el pasado 13 de diciembre rechazó la solicitud del Ejecutivo de bloquear una orden de un juez federal que dio la razón a los dos estados conservadores en su demanda en contra de la decisión de Biden de acabar con ese programa a primeros de año pasado.

Además, el Gobierno solicitó al Supremo que escuche los argumentos de esta demanda en el presente periodo, al advertir que retrasar su revisión hasta el próximo término pospondría su resolución “hasta algún momento en 2023”.