Los Ángeles, 13 ene (EFE).- Una juez dictaminó hoy jueves que la Operación Estrella Solitaria, lanzada el año pasado por el gobernador de Texas, Greg Abbott, para combatir la llegada de migrantes indocumentados a través de la frontera con México, viola la Constitución de Estados Unidos.
La juez estatal de distrito del condado de Travis Jan Soifer emitió su resolución en el caso de una demanda contra la detención de un hombre de Ecuador que busca asilo, reportó el periódico Austin American Statesman en su sitio web.
Los abogados del ecuatoriano, llamado Jesús Alberto Guzmán Curipoma, sostienen que su cliente es uno entre los miles de migrantes arrestados como parte de los esfuerzos de Abbott contra la inmigración irregular.
El fallo de Soifer “establece una senda clara para que todas las personas arrestadas bajo la Operación Estrella Solitaria desafíen sus detenciones”, dijo Kristin Etter, directora de proyectos especiales de la organización Texas RioGrande Legal Aid, que representa a unas 800 personas arrestadas como parte de la operación.
Guzmán Curipoma, un ingeniero sin antecedentes criminales, fue arrestado el pasado 17 de septiembre en un patio de maniobras ferroviarias por un cargo menor de invasión de propiedad en el condado de Kinney, a poca distancia de la frontera con México. Fue liberado bajo fianza y permanece en Texas.
La defensa de Guzmán Curipoma argumenta que la detención de su cliente viola la cláusula de la Constitución estadounidense que estipula que las leyes federales tienen supremacía sobre las estatales, y que los estados no pueden “obstruir o discriminar” con la aplicación de las leyes migratorias federales.
El gobernador Abbott anunció el inicio de la Operación Estrella Solitaria en marzo del año pasado para contrarrestar con recursos estatales el incremento en el flujo migratorio. Como parte de esta medida se instruyó a las autoridades locales a imponer cargos a los inmigrantes por invasión de propiedad tras cruzar la frontera sur de manera indocumentada y atravesar terrenos del estado o privados.
Bajo esta orden centenares de indocumentados han sido arrestados en los últimos meses y procesados por cargos de invasión de propiedad privada.
