Nueva York, 28 mar (EFE).- Una coalición de organizaciones comunitarias y de defensa legal de los derechos de los inmigrantes pidió hoy a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, que no haga cambios a la ley de fianza del estado porque enviaría más gente a prisión en espera de juicio, lo que afectaría sobre todo a latinos negros e inmigrantes.
Treinta grupos unieron sus voces para señalar a Hochul que la ley vigente, que eliminó la fianza para acusados de delitos no violentos hasta la celebración del juicio, ayuda a mantener a las familias unidas y evita los riesgos de la aplicación de la ley de inmigración.
La gobernadora envió a legislatura del estado una propuesta para agregar más delitos a los que se puede aplicar la para fianza y permitir que los jueces consideren la “peligrosidad” de un acusado y tengan así la potestad de decidir si impone fianza, lo que ha sido criticado por activistas y grupos de defensa legal.
El alcalde de la ciudad, Eric Adams, un excapitán de la policía, está de acuerdo con realizar cambios a la ley como un mecanismo para enfrentar el repunte en la violencia por armas que afecta a la ciudad, con el fin de poder enviar a la cárcel a un mayor número de pequeño delincuentes.
Republicanos y otros conservadores atribuyen el alza en la violencia a la ley actual, que consideran laxa tras su última reforma. Un reciente informe del fiscal de cuentas de la ciudad refutó ese argumento al señalar que ha habido menos arrestos de personas que hayan cometido un delito mientras estaban en libertad en espera de juicio.
En la carta a Hochul los grupos explican a la gobernadora que su propuesta traería de vuelta el encarcelamiento provisional, lo que tendría un impacto negativo en inmigrantes, según un comunicado conjunto.
Indican además a Hochul que su intención de cambiar la ley que aumentó de 16 a 18 años la edad para poder ser juzgado como adulto es “inadmisible e ineficaz” a la hora en proteger a jóvenes de la violencia.
“En lugar de poner a más neoyorquinos tras las rejas, Nueva York debe invertir en soluciones reales para la seguridad de la comunidad, como programas de empleo, invertir en vecindarios, el acceso a la atención médica y a la vivienda, que han demostrado reducir la violencia y el crimen”, afirman.
