Washington, 23 sep (EFE).- Más de 40 miembros demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos demandaron hoy que el Gobierno del presidente Joe Biden investigue los traslados de migrantes “organizados por republicanos” a diversas partes del país.
Los gobernadores republicanos de Arizona, Texas y Florida han enviado en meses recientes decenas de miles de extranjeros solicitantes de asilo en avión o autobús a estados y ciudades que tienen gobiernos demócratas.
En una carta enviada al secretario de Justicia, Merrick Garland, los legisladores se refirieron específicamente al traslado de 50 venezolanos desde Texas a Massachusetts organizado por el gobernador de Florida, Ron DeSantis.
Los legisladores pidieron una investigación para “determinar si los funcionarios que ordenaron y ejecutaron esta maniobra política en Texas y Florida violaron leyes federales”.
Según los firmantes, hubo funcionarios en Florida que “intencionalmente indujeron a los migrantes a creer que serían llevados a Boston para recibir permisos de trabajo”.
“En lugar de ello, los migrantes engañados fueron puestos en autobús y luego en dos aviones en vuelos contratados, y se les prohibió que tomaran fotos de sus viajes, que incluyeron dos escalas no anunciadas antes de aterrizar en Martha’s Vineyard, Massachusetts”, añadieron.
La organización Abogados por los Derechos Civiles (LCR) presentó esta semana en Boston una demanda colectiva contra DeSantis por ordenar el traslado de los migrantes.
La demanda alega los migrantes “vulnerables”, incluyendo mujeres y niños, fueron transportados “de manera fraudulenta y discriminatoria” a Martha’s Vineyard sin refugio ni recursos disponibles, con “falsas promesas de trabajo, educación para los niños y asistencia de inmigración”.
En su carta, los legisladores reiteraron alegatos de que funcionarios de inmigración. “falsificaron a sabiendas las direcciones postales, seleccionando de forma arbitraria albergues para desamparados en todo el país”.
Esto, añadieron, refleja “la expectativa de que a los migrantes se les requeriría su asistencia a audiencias en tribunales ya en la semana siguiente, en estados a miles de kilómetros, so pena de ser deportados”.
Dado que el Gobierno federal mantiene su jurisdicción sobre los casos que involucran traslados a través de los límites de los estados, los miembros del Congreso pidieron que el Departamento de Justicia investigue si se usaron fondos federales “para operar este plan fraudulento”. EFE
