Miami, 12 dic (EFE).- La magistrada federal de Florida Aileen Cannon anuló este lunes la revisión de documentos oficiales que realizaba un perito independiente a solicitud del expresidente de EEUU Donald Trump (2017-2021), tras el registro efectuado por agentes del FBI en su mansión Mar-a-Lago, en el sur de Florida.
“Este caso es sobreseído por falta de jurisdicción”, manifestó la jueza en un breve escrito ingresado en un tribunal en West Palm Beach, con el que dio término de manera oficial a la figura del “special master”, o perito independiente, que solicitaron los abogados del expresidente y que la magistrada había concedido.
Cannon había designado al veterano juez de Nueva York Raymond Dearie como el perito encargado de revisar los documentos que se incautaron en la mansión de Florida de Trump el 8 de agosto y la fecha límite que tenía para concluir su tarea era el 16 de diciembre.
Pero la magistrada ha tenido que dar marcha atrás luego de que a comienzos de este mes la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos diera la razón al Departamento de Justicia, que en octubre había solicitado la revocación de la orden de Cannon que dio luz verde a la designación del perito independiente.
El Departamento de Justicia de EE.UU. no solo obtiene una victoria judicial sino lo que reclamaba en los tribunales: un acceso total a los más de 13.000 documentos oficiales, entre ellos por lo menos 100 marcados como “clasificados”, hallados en poder del expresidente.
La figura del perito fue resultado de una demanda que entabló el expresidente dos semanas después del registro en Mar-a-Lago, en la que pidió que el “special master” examinará si es que entre los documentos incautados habían algunos que estuvieran cubiertos por el privilegio abogado-cliente o por el “privilegio ejecutivo”.
Como resultado de la designación del perito, incluso los documentos no clasificados quedaron fuera del alcance de la investigación que hacía el Gobierno en torno a los documentos oficiales que el expresidente no entregó tras dejar la Casa Blanca en enero de 2021, cuando concluyó su mandato, y si es que además cometió un delito de obstrucción.
Una decisión anterior de la misma corte de apelaciones, con sede en Atlanta (Georgia), había concedido a los abogados del Gobierno acceso a los más de cien documentos clasificados, los cuales quedaron fuera de la revisión del juez Dearie.
La decisión de este lunes se da luego de que medios estadounidenses informaran la semana pasada que un equipo contratado por los abogados de Donald Trump descubrió dos documentos marcados como “clasificados” que el expresidente tenía en un depósito en Florida.
El hallazgo en un depósito en West Palm Beach, gestionado por la federal Administración de Servicios Generales, fue resultado de una serie de búsquedas desarrolladas en cuatro lugares a raíz de la orden de un juez federal, ante la sospecha de que Trump podría tener más documentos oficiales en su poder y que no ha devuelto al Gobierno.
Steven Cheung, un portavoz de Trump, señaló en ese entonces que el expresidente y sus abogados “siguen siendo cooperativos y transparentes”.