Miami, 10 feb (EFE).- El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, recibió este viernes carta blanca del Congreso estatal para reubicar inmigrantes indocumentados en otros lugares de EE.UU., incluso aunque no estén en tierras floridanas como hizo en septiembre pasado con un grupo de venezolanos, mediante un proyecto de ley que “viola las leyes de asilo”, según una organización pro inmigrante.
El proyecto de ley SB 6B que sustenta y amplia un polémico programa de DeSantis para reubicar a inmigrantes indocumentados fue aprobado este viernes por la Legislatura estatal, controlada en ambas cámaras por los republicanos, y ahora depende de la previsible firma del gobernador para ser promulgado.
La medida, aprobada durante una sesión especial del Congreso de Florida, formaliza el denominado Programa de Transporte de Extranjeros No Autorizados que quedaría bajo la ejecución de la División de Manejo de Emergencias del estado.
Jeremy Redfern, portavoz de la Oficina del Gobernador, dijo que DeSantis revisará el proyecto de ley “en su forma final y decidirá sobre los méritos del proyecto de ley tal como se presentó”.
“Estamos tristes, enojados y preocupados, pero desafortunadamente no sorprendidos. Con la aprobación de este proyecto de ley, Florida se ha consolidado como un lugar cruel y poco acogedor para las familias que buscan seguridad de los regímenes dictatoriales”, dijo en un comunicado Afifa Khaliq, presidenta de la organización Florida Immigrant Coalition (FLIC).
“¡Qué diferencia con los años 50 y 60 cuando recibimos a los refugiados cubanos y otros con los brazos abiertos!”, se lamentó Khaliq en el comunicado
DENUNCIAN VIOLACIÓN DE LEYES DE ASILO
La FLIC, una coalición estatal que cuenta con más de 65 organizaciones miembros y más de 100 aliados, sostuvo que el proyecto de ley 6-B del Senado, aprobado, según señaló, de manera “relámpago”, permitirá “al gobernador y al estado de Florida seguir profundizando en el tráfico de migrantes que buscan refugio en una flagrante violación de las leyes de asilo internacionales y nacionales”.
El comunicado de la FLIC señaló además que “en lugar de ayudar a los floridanos con la crisis de asequibilidad de la vivienda o la crisis del seguro de vivienda, el Gobernador continúa gastando nuestro dinero en buscar chivos expiatorios y otras poblaciones vulnerables”.
La propuesta de ley otorga a la administración de DeSantis el derecho a relocalizar a los migrantes dentro del territorio de EE.UU. en el caso de que hayan han sido procesados por el Gobierno federal, sin importar donde se encuentren, y asignas diez millones de dólares para hacerlo.
Este proyecto de ley había sido aprobado el miércoles en el Senado por 27 votos a favor y 12 en contra gracias a la mayoría republicana y hoy recibió el visto bueno de la Cámara de Representantes estatal.
Las organizaciones pro inmigrantes y el Partido Demócrata de Florida han criticado el programa, sobre el que señalan forma parte de una estrategia de DeSantis para apuntalar su figura a nivel nacional entre los conservadores.
Bajo ese programa, Florida envió en septiembre pasado por avión a medio centenar de inmigrantes, la mayoría venezolanos que habían cruzado desde México para solicitar asilo en EE.UU. desde San Antonio (Texas) hasta Martha’s Vineyard, en Massachusetts.
Ese traslado generó una gran polémica y demandas judiciales contra DeSantis y el estado de Florida, pues los inmigrantes no estaban en Florida y además presuntamente fueron inducidos a abordar el vuelo con promesas engañosas.
La portavoz de FLIC, la puertorriqueña Adriana Rivera, dijo el jueves a EFE que la iniciativa legislativa “es absurda” y deja de lado “problemas que realmente afectan a la población como la falta de vivienda o de recursos para hacer frente a desastres naturales”.
Recientemente, otra coalición defensora de los inmigrantes, la BIC Action, rechazó el plan del gobernador de reubicación de inmigrantes, para el que se ha destinado una partida de 12 millones de dólares en el presupuesto estatal.
De acuerdo con datos de BIC Action, casi 400.000 de los inmigrantes de Florida son empresarios y pagan más de 31.000 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales.
