La Oferta

July 22, 2024

Nuevo México refuerza su protección al aborto y tratamientos de género

ARCHIVO/EFE/EPA/DNCC

Los Ángeles, 5 abr (EFE).– La gobernadora demócrata de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, firmó este miércoles una nueva ley que ofrece protecciones legales a pacientes y proveedores de servicios de aborto o tratamientos de afirmación de género.

La ley, patrocinada por legisladores demócratas, prohíbe a las agencias y los trabajadores públicos entregar información sobre pacientes a personas que han buscado u obtenido servicios de salud reproductiva o de afirmación de género.

Nuevo México se ha convertido en un destino para pacientes que residen en estados donde están prohibidos estos servicios como el estado vecino de Texas.

La medida quiere evitar que se persiga a los pacientes que vienen en busca de este servicio.

La ley también busca proteger a los proveedores de la intimidación, el acoso, el enjuiciamiento, o medidas disciplinarias por prestar sus servicios.

Lujan Grisham advirtió en un comunicado que “estamos viendo cómo se anulan los derechos de las personas que buscan servicios críticos de atención médica en estados de todo el país”

“Estas políticas tienen consecuencias reales que se manifiestan en la vida de las familias estadounidenses, y Nuevo México es un estado que defenderá los derechos de todos para acceder a los servicios de atención médica que necesitan”, añadió la demócrata.

Lujan Grisham emitió una orden ejecutiva para proteger a pacientes y proveedores de servicios de aborto tres días después que la Corte Suprema de EE.UU. anulara las protecciones al aborto al revocar el histórico fallo Roe contra Wade, en junio pasado.

Desde entonces ha firmado varias leyes para convertir en permanentes las medidas tomadas en la orden ejecutiva.

Varios estados dirigidos por demócratas han reforzado en sus leyes estatales este derecho.

Este miércoles la gobernadora de Míchigan, la demócrata Gretchen Whitmer derogó oficialmente la prohibición estatal al aborto que databa de 1931 y que castigaba con hasta cuatro años al facultativo que efectuara esa interrupción voluntaria del embarazo a menos que la vida de la mujer estuviera en peligro.