Washington, 29 jul (EFE).- Un grupo de 15 legisladores del Partido Demócrata de EE.UU. ha incrementado la presión sobre el Gobierno de Joe Biden para que haga rendir cuentas a las autoridades peruanas por la muerte de 49 personas durante las protestas que vivió el país entre diciembre y marzo pasado.
Para expresar su preocupación, el grupo de legisladores envió una carta al secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, y a la embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Kenna.
La misiva, a la que accedió este sábado EFE, fue remitida a Blinken el martes de esta semana, justo tres días antes de que la presidenta peruana, Dina Boluarte, diera un discurso en el Congreso para pedir perdón en nombre del Estado por los fallecidos en las protestas.
Tras la destitución del expresidente Pedro Castillo en diciembre pasado, después de intentar dar un golpe de Estado, las movilizaciones de protesta contra Boluarte convocaron a miles de personas y hubo un total de 77 fallecidos registrados, de los cuales 49 murieron por enfrentamientos con las fuerzas del orden.
En su carta, los legisladores describen esos hechos y consideran que Estados Unidos “tiene la responsabilidad” de trabajar con los líderes de Perú y su sociedad civil para garantizar que los responsables de esas muertes y de otras violaciones de derechos humanos rindan cuentas ante la justicia.
No actuar en defensa de los derechos humanos, argumentan los congresistas, solo “empeorará la inseguridad en la región, alentará a los actores no democráticos y aumentará la migración irregular”.
Los legisladores tienen palabras especialmente duras para los líderes políticos peruanos, aunque en ningún momento llegan a referirse a Boluarte por su nombre.
Afirman, sin embargo, que “la falta de rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad peruanas, responsables del uso desproporcionado y letal de la fuerza en contra de los manifestantes en los últimos meses, refleja la corrupción y la impunidad subyacentes que han socavado la democracia del Perú y contribuido a la desilusión política generalizada”.
En la carta, los legisladores piden al Departamento de Estado que tome seis medidas diferentes para proteger los derechos humanos y la democracia en Perú.
La medida más drástica que proponen consiste en la suspensión temporal de los ejercicios conjuntos o la colaboración entre EE.UU. y las fuerzas de seguridad peruanas hasta que haya una investigación que determine qué unidades peruanas estuvieron implicadas en violaciones de derechos humanos y se determine si recibieron asistencia de Estados Unidos.
Al hilo de eso, los legisladores piden que se “restrinja ayuda adicional” a aquellas unidades de las fuerzas de seguridad peruanas que hayan cometido violaciones de derechos humanos y que estén recibiendo ayuda de EE.UU. en forma de equipos o entrenamiento.
Los congresistas también piden a Blinken que apoye la creación de un mecanismo de seguimiento, tal y como ha recomendado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para esclarecer lo sucedido durante las protestas, siguiendo un modelo que ya se ha usado con México y Bolivia.
El grupo de congresistas que envió la carta a Blinken está liderado por el legislador Joaquín Castro, el demócrata de mayor rango en el subcomité para Latinoamérica de la Cámara Baja de EE.UU., y la legisladora Sydney Kamlager-Dove, representante de California y muy activa en causas relacionadas con indígenas y afrodescendientes.
Las protestas contra Boluarte se reactivaron el 19 de julio y han derivado, entre otras cosas, en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden en Lima el pasado sábado, así como en el bloqueo el pasado martes del puente internacional entre Perú y Bolivia, en la región sureña de Puno.
Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones generales y a una Asamblea Constituyente.
