Los Ángeles, 1 dic (EFE).- El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, ha intensificado su política fronteriza al impulsar un paquete de draconianas leyes antiinmigrantes que previsiblemente enfrentarán desafíos legales de organizaciones proinmigrantes y la oposición de una sustancial comunidad hispana que representa el mayor grupo demográfico del estado.
Entre los ordenamientos destaca la ley SB4, aprobada a mediados de noviembre por la Legislatura estatal, controlada por los republicanos, y que espera en el escritorio de Abbott para su firma.
Considerada una de las leyes antiinmigrantes más estrictas en la historia estadounidense, la SB4 convierte en delito el que un extranjero “ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera” de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.
La ley permite a la justicia estatal ordenar la expulsión de personas sin mediar proceso judicial. Y lo más polémico, los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo en vez de arrestarlo.
Esta ley, que apunta especialmente a los migrantes indocumentados que llegan a través de la frontera con México, ha sido objetada por grupos de derechos, los cuales argumentan que propicia el perfilado racial, entre otros resultados negativos.
La SB4 “viola disposiciones constitucionales críticas acerca del papel del Gobierno federal en la definición de las prioridades de inmigración, y las limitaciones de los estados en cuanto a interferir con esas prioridades y con las relaciones internas e internacionales de Estados Unidos”, dijo a EFE David Donatti, abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Texas.
Destacó que la ley “le da a Texas el poder sin precedentes de deportar personas, que es uno de los poderes más severos y trascendentales que tiene cualquier nación soberana”, además de que “separa familias, destruye medios de subsistencia y causa que las comunidades vivan en temor”.
Rechazo tajante de México
En respuesta a la aprobación de la SB4, que entrará en vigor en febrero, el Gobierno de México indicó que “rechaza tajantemente cualquier medida que permita a autoridades estatales o locales detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano”.
Consideró igualmente que la ley afectará los derechos humanos de las más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas “al propiciar ambientes hostiles que pueden derivar en actos o crímenes de odio contra las comunidades inmigrantes”.
La protesta se suma a otras de México por medidas que Abbott ha instrumentado como parte de su Operación Estrella Solitaria contra la inmigración irregular, a la que han sido asignados 9.500 millones de dólares desde 2021 y que ha incluido la colocación de un cerco de alambre de púas y una barrera de boyas en el fronterizo Río Grande (Río Bravo en México).
Otra de las leyes, la SB3, asignaría 1.540 millones de dólares adicionales para la construcción de un muro fronterizo y para financiar operaciones de seguridad en la región.
Pese al exorbitante costo, las medidas le han permitido a Abbott, quien ha sido gobernador desde 2015, consolidar su poder en el estado al pasar por encima de las objeciones demócratas, promover su agenda antiinmigrante a nivel nacional y desafiar al Gobierno del presidente Joe Biden, a quien culpa de alentar la inmigración ilegal por su supuesta política de “fronteras abiertas”.
Tampoco parece inquietar a Abbott la perspectiva de que las nuevas leyes, en especial la SB4, sean impugnadas por el Gobierno federal o por grupos proinmigrantes, entre ellos la ACLU de Texas y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), que ya han anunciado su intención de ir a las cortes.
Las nuevas disposiciones pueden generar también el rechazo de un sector de los aproximadamente 12 millones de hispanos de Texas, que constituyen el mayor grupo demográfico del estado con 40,2 % de los alrededor de 30 millones de habitantes.
“Texas tiene un alto porcentaje de población latina. Todos ellos serán el blanco de esta ley”, dijo a EFE Lydia Guzmán, presidenta del comité sobre inmigración de LULAC.
A su vez, Donatti aseveró que “una mayoría de los texanos, especialmente la población hispana y las comunidades de color, ven esta ley (SB4) como lo que es: una afirmación de poder del supremacismo blanco que tiene por objeto generar temor en las comunidades minoritarias, alejar la atención del liderazgo fallido del Gobierno estatal y azuzar el apoyo de una pequeña y ruidosa base”.
“Es un mensaje codificado que disemina el mensaje falso de que los inmigrantes y las personas de color son culpables de los repetidos fracasos del estado a la hora de abordar las necesidades materiales de los texanos, sin ofrecer soluciones significativas a los problemas que enfrentamos.
