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March 3, 2024

El Supremo de EE.UU. aborda el polémico acuerdo de bancarrota de Purdue Pharma

Fotografía de archivo de la sede corporativa de la compañía farmaceutica Purdue Pharma en Stamford, Connecticut (EE.UU.). EFE/JUSTIN LANE

Washington, 4 dic (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchó este lunes los argumentos orales en el caso del polémico acuerdo de bancarrota de la farmacéutica Purdue Pharma, que impone a sus dueños un pago de 6.000 millones de dólares pero les protege de futuras demandas que los responsabilicen por la crisis de opioides.

El alto tribunal bloqueó el acuerdo el pasado agosto a petición del Departamento de Justicia, que argumentó que la legislación de quiebras estadounidense no exime a la familia Sackler de su responsabilidad en las muertes provocadas por el analgésico OxyContin de la compañía.

Los magistrados del Supremo escucharon este lunes los argumentos de ambas partes y la mayoría de ellos se inclinó por permitir que se aplique el polémico acuerdo de bancarrota.

El juez conservador Brett Kavanaugh aseguró durante la sesión que decenas de miles de familiares afectados por OxyContin “aprueban este acuerdo de forma abrumadora”, según recogen medios locales.

En un posicionamiento similar, la magistrada progresista Elena Kagan afeó al Gobierno federal intentar “hacer estallar” un acuerdo aceptado por todas las partes.

Por su parte, el Departamento de Justicia expuso que aunque Purdue Pharma esté en bancarrota, los miembros de la familia Sackler siguen siendo ricos y que no se les debería permitir usar la legislación de quiebras para protegerse de futuras demandas.

El juez conservador Neil Gorsuch también opinó que impedir a las víctimas de OxyContin demandar a los Sackler en virtud de dicho acuerdo sería una violación al “debido proceso”.

Purdue Pharma se declaró en quiebra en 2019 mientras enfrentaba demandas y acusaciones por haber sido una de las grandes responsables de la grave crisis de opioides en el país mediante la comercialización de OxyContin.

La empresa, controlada hasta hace poco por la desprestigiada familia Sackler, que retiró fondos antes de someterla a bancarrota, acordó pagar hasta 6.000 millones de dólares a decenas de administraciones y a víctimas con la condición de ser protegidos contra futuras demandas por la vía civil sobre opioides.

Estados Unidos vivió a finales de la década de 1990 un boom en la comercialización de opioides para tratar el dolor que provocaron un aumento de las adicciones y de las muertes por sobredosis y que ha derivado en la actual crisis del fentanilo.