Tuxtla Gutiérrez (México), 5 mar (EFE).- Activistas protestaron este martes ante el Poder Judicial de Chiapas, estado del sureste de México, para exigir la liberación de un líder zapatista y cinco indígenas tzeltales, defensores de los pueblos originarios, de quienes denuncian que están presos injustamente.
“Hemos documentado y hecho varias gestiones para demostrar su inocencia, así también hemos hecho las denuncias pertinentes sin ser escuchados”, dijo a EFE la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Dora Lilia Roblero.
La activista denunció que hay “una criminalización a defensores de derechos humanos” y “del territorio” en el sur de México, donde los pueblos indígenas se han manifestado en los últimos meses para exigir un alto a la violencia del crimen organizado.
“También encontramos faltas en el debido proceso, no se les dio el título (documento del caso), y se les fabricó un delito no cometido”, sostuvo Roblero.
En una conferencia de prensa, las organizaciones civiles que protestaron en Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, pidieron un alto a la criminalización de defensores y a la fabricación de delitos.
Por ello, demandaron la liberación inmediata de José Díaz Gómez, indígena ch’ol preso desde 2022 que es integrante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
También solicitaron la libertad de Manuel Santis Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez y Martín Pérez Dominguez, defensores tzeltales del territorio.
Los tres primeros están detenidos desde el 29 de mayo pasado por el presunto asesinato de un policía, y días después arrestaron a los otros dos por ser testigos.
En la manifestación, los activistas acusaron a la Fiscalía de Chiapas de fabricar delitos mientras los verdaderos asesinos están libres.
El Centro de Derechos Humanos Frayba detalló que a lo largo del juicio de los seis presos políticos han encontrado violaciones a derechos humanos como la detención arbitraria, privación ilegal de la libertad, traducción inadecuada durante el juicio y admisión de pruebas deficientes por parte del juzgado.
En tanto, según su registro, el activista José Díaz lleva un año y cinco meses en la cárcel porque los encargados de la Justicia le fabricaron un delito como represalias a su adherencia política zapatista.
Esta manifestación ocurre antes de la reposición del juicio oral en el juzgado de control y enjuiciamiento con sede en San Cristóbal de Las Casas, por lo que exigieron que se garantice una sentencia a favor.
México es uno de los países más letales para los defensores indígenas, con 46 activistas asesinados o desaparecidos desde 2019 hasta agosto pasado, según la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
