Washingon 29 abr (EFE).- El Tribunal Supremo de Justicia aceptó este lunes examinar el caso de Amina Bouarfa, una estadounidense cuyo esposo obtuvo una visa basada en matrimonio que fue revocada dos años después por supuesto fraude, y que puede decidir si los tribunales federales tienen atribuciones para revisar las adjudicaciones de visas.
Bouarfa se casó en 2011 con Ala’a Hamayel, un inmigrantes palestino con el que tiene tres hijos, y solicitó a las autoridades de inmigración la residencia permanente de su esposo.
El servicio de Inmigración y Naturalización (USCIS) aprobó el reconocimiento de Hamayel como esposo de Bouarfa y aprobó la petición en 2015.
Dos años más tarde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del cual USCIS es una dependencia, notificó a la pareja que revocaría la visa de Hamayel después que salió a luz que ya antes se había casado en un intento por evadir las leyes de inmigración.
USCIS explicó que si hubiera tenido conocimiento de la información sobre el matrimonio previo de Hamayel, su solicitud de residencia permanente, o “tarjeta verde”, se hubiese rechazado.
Bourfa hizo los trámites de apelación dentro de USCIS y, cuando esas gestiones fracasaron, recurrió a un tribunal federal en Florida que rechazó su pedido afirmando que la revocación de una visa es una discreción de las autoridades de inmigración.
El Tribunal federal de Apelaciones del Distrito 11 ratificó la decisión y en una demanda contra DHS, Bouarfa ha pedido a los jueces del Supremo que se ocupe de su caso alegando que los tribunales están divididos acerca de si la revocación de una visa es una decisión que queda sólo en manos de las autoridades de inmigración.
“La decisión inicial de rechazar la petición hubiera quedado a revisión judicial”, indicaron los abogados de la estadounidense en su solicitud.
“Sería insensato y arbitrario” que un error en la decisión original de la agencia implique que ella jamás podrá lograr que “esa decisión, y la separación permanente de su familia, estén sujetas a revisión”, añadió.
