Ciudad de México, 3 jun (EFE).- El abogado de las familias de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, Vidulfo Rosales, aseguró este lunes que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió “a que la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, pueda darle seguimiento al caso” que lleva casi 10 años impune.
Al salir de una reunión con López Obrador, el defensor expuso que le solicitaron fungir como “vínculo” con Claudia Sheinbaum, ya que “las madres y padres no ven que figure entre los compromisos que la hoy virtual presidenta tuvo como plataforma de campaña”.
Rosales indicó que el presidente prometió asegurarse de que Sheinbaum supervise el asunto cuando asuma la presidencia el 1 de octubre y que probablemente asistirá a la última reunión con las familias de los jóvenes, antes de que López Obrador deje el cargo.
Por otro lado, el abogado lamentó que la reunión de este lunes haya ocurrido hasta el final del proceso electoral, cuando “el movimiento que ellos encabezan es un movimiento por los derechos humanos, por la presentación con vida de los desaparecidos”.
“Este tema no tiene nada que ver con la política, con la ‘politiquería’, como dicen, ni con los partidos políticos. Es un tema evidentemente de derechos humanos”, afirmó Rosales.
Además, el defensor informó que las madres y padres reiteraron a López Obrador “la exigencia puntual de los 886 folios pendientes que el Ejército mexicano no ha entregado”.
“También con ello hicieron énfasis los padres en la extradición de los funcionarios que tienen responsabilidad y que no se ha llevado a cabo”, añadió.
Finalmente, Rosales comentó que tendrán una siguiente junta con el mandatario el próximo miércoles 3 de julio, donde se revisarán esos puntos.
La reunión ocurrió a tres meses de cumplirse una década de la desaparición de los estudiantes, el 26 de septiembre de 2014, en un contexto de creciente presión para que López Obrador cumpla su promesa de esclarecer el caso durante su mandato.
La Comisión de la Verdad del Gobierno concluyó en 2022 que el suceso fue un “crimen de Estado” en el que participaron autoridades de todos los niveles, incluido el Ejército.
